El traslado de usuarios con grados 2 y 3 de dependencia del CIAM San Prudencio a residencias forales ha vuelto a salir a debate este lunes en Comisión de Políticas Sociales. Y es que, como ya explicó este diario, es la Diputación de Álava la que tiene que hacerse cargo de estos ciudadanos, ya que así lo recoge el Decreto Cartera de 2015, que fija los servicios sociales que tiene que asumir el Ayuntamiento y los que corresponden a la Diputación de Álava.
Son un total de 20 los mayores que serán cambiados de lugar de residencia de forma paulatina. 13 de la unidad de asistencia y 7 de la unidad psicogeriátrica; que serán los primeros en mudarse. La reubicación para las otras 13 se efectuará antes del del 31 de marzo y, en caso de ser necesario, se prorrogará a hasta el 30 de junio.
En este sentido, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, a preguntas de EH Bildu, ha expuesto que "si se produce una segunda prórroga, la Diputación pagará el coste de las plazas como hace durante la primera". Así queda recogido en el convenio firmado entre ambas instituciones; que según datos aportados por la portavoz del grupo soberanista, Rocío Vitero, el coste total de las 20 plazas en el periodo de enero a marzo sería de "234.000 euros".
Sobre la ley que reordena las competencias de cada administración, Vitero ha recriminado que "ha pasado una década desde que se aprobara todavía no tenemos los servicios sociales organizados".Al contrario de lo que dicta Royero, quien asegura que "el decreto se ha cumplido desde el minuto uno y que no ha habido ningún retraso en la prestación de servicios".
Además, en relación a la reubicación de los mayores, el edil de esta área como ya señaló en diciembre, la medida se lleva a cabo para cumplir la ley y que además, las familias van a poder marcar en un listado las residencias que prefieren e incluso visitar las instalaciones.
Servicio de urgencias sociales (SMUS)
En el mismo terreno de servicios, EH Bildu ha puesto sobre la mesa el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) y ha recordado que se trata de "competencia única y exclusiva de la Diputación", recriminando que es el Ayuntamiento quien los "sigue manteniendo" y quien "cada vez asume más costes". En este sentido, ha cifrado que el Consistorio gasteiztarra costea un 57% de los servicios mientras que el ente foral un 43%.
Si bien, Royero, en su turno de respuesta, ha señalado que es un servicio que "queda pendiente de llevar Junta de Gobierno Local este mes de enero" y que la Diputación alavesa, según "el compromiso y el acuerdo suscrito" asume el 50% del servicio; que incluye el coste del personal y del servicio de seguridad.
