La Asociación Treviño y Álava por el campo pide “respeto” y reivindica una docena de medidas para un campo “herido de gravedad”

La Asociación Treviño y Álava por el campo (ATACA), ha enviado un comunicado para darse a conocer “ante la oleada de desinformación vertida sobre nuestra asociación en los últimos días, que no reflejan la realidad” de este colectivo “independiente y sin ánimo de lucro”, nacido a raíz de las movilizaciones del sector primario de febrero para defender un medio rural “herido de gravedad”. 

En dicho documento, pide el “mismo respeto” por parte de las instituciones, los políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general y reclama una docena de medidas con el fin de dar una solución urgente al campo, adaptadas a la realidad específica del sector. 

“No podemos echar balones fuera y decir que las normas vienen de España o de Bruselas y no tenemos capacidad de actuar. En lugar de eso, deben asumir la responsabilidad de adaptar y ejecutar estas políticas de manera que se ajusten a las necesidades y circunstancias específicas del país y de sus agricultores. Esto implica tomar medidas concretas para garantizar una distribución justa y eficiente de los fondos agrícolas ”, opina ATACA, agrupación formada por agricultores y ganaderos “de Treviño, Álava y colindantes” cuyo objetivo es “poner en valor a las personas del medio rural, su trabajo diario y su entorno”.

La primera de estas medidas pide garantizar que los productos que encontramos en los supermercados cumplan con la normativa de calidad europea de producción.

Y para todos los productos que entran de países extracomunitarios exigen “el riguroso cumplimiento de control fitosanitario de la normativa europea y una claridad en el etiquetado, especificando los países de procedencia de los productos y precio en origen y final”.

Además, con el fin de garantizar una “competencia justa y equitativa en el mercado”, abogan por la imposición de aranceles a la entrada de productos extracomunitarios en caso de ser necesario.

Precios justos

Reclaman también precios justos para la rentabilidad de las explotaciones, para vivir de ellas, porque lo que no quieren en su lugar es recibir “limosnas, sin que reconozcan el valor del trabajo de los productores", sino que se promueva la vialidad económica del sector.

Asimismo, pretenden que cuando se vayan a tomar decisiones que nos afectan, “tengan en cuenta nuestra opinión. No se pueden tomar decisiones de espaldas al sector, porque nosotros somos los que sufrimos los problemas día a día y los que tenemos que solucionarlos”.

Entienden la importancia de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Sin embargo, muchas de las regulaciones actuales denuncian que “dificultan” su trabajo sin aportar beneficios claros. Por ejemplo, la prohibición de limpiar los cauces de los ríos "aumenta el riesgo de inundaciones, lo que daña nuestras tierras y medios de subsistencia".

Macrogranjas solares

Otro ejemplo, a su juicio, es la reciente aprobación de la ley que permite la instalación de macrogranjas solares en terrenos de alto valor agrícola, “que aunque se promociona como una medida ecológica y sostenible, amenaza seriamente al mundo rural”.

Alegan al respecto que la ocupación de tierras fértiles para la producción de energía solar, “reduce la disponibilidad de terrenos para cultivos esenciales, afectando la producción local de alimentos, lo que puede llevar a la despoblación rural y la pérdida de tradiciones y cultura locales. Además, la transformación del paisaje rural y el impacto en la biodiversidad agravan esta problemática”.

Por ello creen que para lograr una sostenibilidad integral, “es crucial” encontrar un equilibrio que promueva las energías renovables sin comprometer la viabilidad económica y social de las comunidades rurales, explorando otras alternativas y otras ubicaciones para los paneles solares.

El lobo

Para ATACA es “fundamental” destacar que los ganaderos, como parte fundamental en la protección y cuidado de los animales, están comprometidos con el cumplimiento de las normativas de bienestar animal, “siendo nuestra prioridad asegurar la salud y el trato adecuado para nuestro ganado”.

Sin embargo, la legislación que protege al lobo “entra en conflicto con estas leyes de bienestar animal” ya que, al salvaguardarlos, consideran que se incrementan los riesgos para los rebaños, “dejando a los ganaderos indefensos ante estos ataques a sus animales”.

Unos ataques que, como argumentan, “causan pérdidas económicas significativas y generan sufrimiento para los animales, contraviniendo las leyes de bienestar animal que buscan protegerlos de dolor y angustia”.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC) piden una “centrada en el agricultor” que beneficie directamente a los pequeños y medianos agricultores profesionales, asegurando que los fondos destinados no puedan ser aprovechados por multinacionales, puesto que “la PAC debe ser diseñada para apoyar a quienes realmente trabajan la tierra y contribuyen al desarrollo rural sostenible”.

Burocracia

Otra necesidad clara para este grupo es la de simplificar los procedimientos burocráticos y “reducir la carga administrativa puede hacer que sea más fácil y atractivo para los nuevos agricultores ingresar en el sector, permitiéndoles concentrarse en la producción y gestión de sus explotaciones en lugar de lidiar con trámites complejos y largos”.

Un complejo ‘papeleo’ que puede ir “desde la obtención de permisos y licencias hasta el cumplimiento de regulaciones ambientales y sanitarias”.

Además, exigen la eliminación de impuestos a la energía utilizada como de producción para el sector agrario (hidrocarburos gas y electricidad) “como gozan el sector militar y el sector pesquero. Al reducir los impuestos sobre la energía para los agricultores se reducirían los costes de nuestras explotaciones, pudiendo aumentar nuestra competitividad y capacidad para producir alimentos de manera eficiente, sin repercutir en el precio que soporta el consumidor final”.