Este lunes, los presidentes autonómicos del PP hacían público un manifiesto conjunto con el que pretendían fijar una posición “unitaria y común” contra la financiación singular pactada por el PSC y ERC para Catalunya. La presentación de los populares sirvió fundamentalmente para escenificar su unidad, porque el documento Por un modelo de financiación solidario, igualitario y negociado entre todos –no olvidemos que el PP ostenta la mayoría del poder autonómico– no incluye ninguna propuesta alternativa común. Entre otras cosas porque los intereses autonómicos de las comunidades que presiden los populares a la hora de reformar el sistema actual seguramente no sean tan fácilmente conciliables. Los barones populares están citados el 6 de septiembre para abordar este “momento de urgencia nacional” y “empezar a articular una respuesta democrática en todos los ámbitos a nuestro alcance”, lo que no significa tampoco que vaya a haber una alternativa al acuerdo de PSC y ERC. Y es que la política en el Estado lleva ya demasiado tiempo embarcada en el fuego de artificio y el cortoplacismo. La evidencia es el desconcierto causado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuando la semana pasada rompió el silencio del Gobierno Sánchez al respecto para afirmar que lo firmado con Esquerra “ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación”. Sus palabras provocaron la amenaza inmediata de ERC de dejar caer los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Pero es que ese acuerdo con ERC –se llame concierto o no– necesitaría de la reforma en Cortes de la Ley Orgánica de Financiación de la de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para la que a día de hoy no habría mayoría. Por otra parte, el Ejecutivo de Sánchez se asoma antes a otro abismo, porque la posición irreconciliable de ERC y Junts –cuyo apoyo es imprescindible y que están en ambos casos inmersos en procesos de renovación interna– puede acabar suponiendo que se encamine a su segunda prórroga presupuestaria consecutiva; un escenario que ya comienza a reconocerse como posible aunque el Gobierno insista en sus planes de intentar aprobar los Presupuestos. El primer examen llegará con la aprobación del techo de gasto. Junts ya lo tumbó en julio, en plenas negociaciones para la investidura de Salvador Illa. Una escena política llena de incertidumbres para el nuevo curso.