La ley de amnistía, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras ser ratificada en el Congreso, debe propiciar el marco de actuación para encarar la divergencia política en Catalunya y, por extensión, propiciar una nueva dinámica de dialogo con la que afrontar el modelo territorial. Aporta la desjudicialización de una parte de la discrepancia y debe abrir caminos para el mutuo reconocimiento de realidades sociopolíticas legitimadas por las mayorías democráticas en las naciones del Estado que propicie una relación viable mediante sistemas de financiación y solidaridad que las hagan sostenibles. La norma ofrece esa oportunidad de propiciar una mínima estabilidad y confianza pero el desarrollo de la acción política está por construir. La fractura y polarización en torno a esta ley es reflejo de una más profunda sobre el modelo de convivencia y su materialización en las estructuras e instituciones del Estado. El rechazo frontal mantenido y reiterado por la derecha nacionalista española nace de la negación de derechos reconocidos en la propia Constitución al identificar nacionalidades diferenciadas de las regiones y confirmar la existencia de derechos previos a la propia carta del 78 –derechos forales vascos, sin ir más lejos–. Negar la materialización jurídica de esa naturaleza está en el origen del problema por un concepto jacobino del Estado en el que incluso la libre adhesión es imposible porque la voluntad se sustituye por imposición. La ley de amnistía tiene el potencial simbólico, pero corre el riesgo de quedarse en un placebo si a continuación no se dan pasos de consenso, en primer lugar, entre las sensibilidades que sustentan una mayoría actualmente exigua. La maquinaria de la confianza entre diferentes sufre entre acelerones y frenazos. Va a estar sometida a la tensión de las campañas de desprestigio de la derecha, dispuesta a la deslegitimación institucional aun a costa de incitar al desencuentro civil del modo más irresponsable. La hoja de ruta inmediata debe buscar la estabilidad con gestos y compromisos que a la vez den satisfacción a los acuerdos de gobernabilidad y ofrezcan resultados tangibles que desmonten el discurso de la confrontación. La lealtad que no ofrece la derecha opositora debe construirse hacia las fuerzas soberanistas y progresistas.