La aprobación de la ley de amnistía en el Congreso ha quedado eclipsada por factores que inciden en la política del Estado y no permiten que la iniciativa destinada a estabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con la función de restablecer un marco de confianza entre el soberanismo catalán y el socialismo español. Para empezar, la estrategia del Partido Popular de dilatar la aprobación definitiva de la norma mediante la obstrucción del procedimiento en el Senado, impedirá que la ley vuelva al Congreso en tiempo y forma para poder ser aplicada de facto durante los próximos dos meses. Con independencia de que, cuando pueda activarse, permitirá liberar de responsabilidad penal a centenares de personas que participaron en el procés, retirando del centro de la mesa el principal obstáculo social y político para reconducir el diálogo sobre la discrepancia territorial, lo cierto es que se puede anticipar que resultará imposible que entre en vigor antes del 12 de mayo, fecha de las elecciones anticipadas en Catalunya. La decisión de Pere Aragonès de convocarlas tiene conexiones y derivaciones en múltiples direcciones. En primer lugar, nada impide a Carles Puigdemont ser candidato pero, en tanto la ley de amnistía no entre en vigor, seguirá vigente la orden de detención del juez Llarena tan pronto retorne al Estado. Eso le impedirá hacer campaña con normalidad y elevará la confrontación en el seno del soberanismo entre Junts y Esquerra, que se disputan de nuevo el liderazgo independentista con otros movimientos alternativos muy vigilantes. En segundo lugar, la convocatoria es fruto de la imposibilidad del Govern de aprobar presupuestos, que han sido rechazados por En Comú Podem. En consecuencia, una parte de la coalición Sumar y, por tanto, del gabinete de Sánchez, ha propiciado un escenario de confrontación electoral entre los socios que deberían estabilizar a Sánchez en Madrid y esto concluye en la renuncia de éste a aprobar sus propios presupuestos. Pero, en tercer lugar, el presidente español no debe perder de perspectiva que su sostenibilidad depende de su capacidad de consolidar adhesiones. Los presupuestos han sido un buen mecanismo de acuerdo con los socios minoritarios que propician esas mayorías y, en su ausencia, Sánchez tendrá que satisfacer por otras vías las legítimas demandas de sus socios. Sin tardar.
