La inclusión en la futura ley de amnistía de los presuntos delitos de terrorismo contemplados en las investigaciones abiertas en torno a los incidentes del procés catalán resulta tan indicativa del desgaste al que el antagonismo PP-PSOE ha sometido al poder judicial como del alcance político del acuerdo con Junts per Catalunya. Los términos en los que se incluirán en la norma estos delitos tienen dos características explícitas: en primer lugar, se circunscriben al ámbito de las acciones de protesta política vinculadas al procés; en segundo lugar, la exclusión de los delitos que atenten contra derechos humanos cumple el espíritu de los convenios internacionales que instan a perseguir penalmente los delitos de terrorismo desde el criterio de lesa humanidad. La carga social y política del concepto de terrorismo tiene un componente simbólico de gravedad exacerbada sobre el que no cabe frivolizar. En ese sentido, lo execrable de la voluntad de implantar por la vía del terror un escenario político concreto debe quedar a salvo de interpretaciones interesadas y sometido a condena. Por esa misma razón, la utilización de una técnica jurídica interesada de algunos jueces para presentar determinadas acciones como algo más que meros delitos de orden público deteriora la imagen de la Justicia. La oportunidad de utilizar una iniciativa legislativa de esta naturaleza solo se entiende desde la convicción de que la gestión judicial está contaminada cuando se convierte en herramienta de objetivos ideológicos. Es el caso de la insistencia de abrir un proceso por terrorismo a Puigdemont y Rovira, sostenida por una interpretación de hechos extrema, contraria a precedentes judiciales que ya descartaron ese delito en actos similares precedentes. La dinámica de desprestigio mediante la politización de los órganos de Gobierno de la Justicia española no comienza ni acaba con este proyecto de ley y señala claramente al PP tanto por su impulso a la criminalización de sus rivales políticos como por sus ataques a los tribunales no afines. Es grave la categorización de “cáncer del Estado de Derecho” que aplicó ayer Esteban González Pons al Tribunal Constitucional por haber perdido la mayoría de jueces afines. La ley de Amnistía busca desjudicializar un ámbito de la política ante la dificultad de despolitizar a señalados administradores de justicia.