No había motivos para crear una gran expectativa en torno a la reunión de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. En eso acertó el diagnóstico el líder de la oposición. Constataron sus desencuentros y la visión divergente sobre el modo de tratar la crisis territorial, así como la percepción de agravio de la derecha española por el desalojo de UPN del Ayuntamiento de Iruñea, medida sobre la que el líder del Partido Popular reclamó a Sánchez sin éxito que imponga al PSN una rectificación. El PP utilizó el encuentro para su propia campaña formal de restar legitimidad al presidente Sánchez al exigir que la cita se celebrara en el Congreso y no en la sede de la Presidencia del Gobierno, como ha sido históricamente en democracia. Pero ayer, Núñez Feijóo se sacó de la chistera el truco de la mediación europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mera figura del mediador ya alude al mecanismo del futuro diálogo del PSOE con Junts per Catalunya, pero en este caso va más allá. Transferir la configuración del órgano de gobierno de los jueces fuera del Congreso es vaciar una función que le compete al Legislativo, según normativa. No es una formalidad del debate político sino una facultad jurisdiccional del Parlamento. Tampoco merma la responsabilidad del PP en la retención del control del CGPJ ilegítimamente por la mayoría que él impuso en su día y que ha estado caducada una legislatura completa ni oculta que su demanda de reformar el mecanismo de elección llega porque ya no le resulta posible imponer sus mayoría. Vuelve a ser un intento de transferir el control del órgano a una mayoría ideológicamente conservadora más acorde a sus propias prioridades que a las que en cada circunstancia exprese la sociedad democráticamente a través de las urnas. Del resto del encuentro queda la reforma del artículo 49 de la Constitución para aplicar la corrección formal debida sin modificar en ningún otro aspecto los derechos de las personas con discapacidad. Ningún otro ámbito de la norma podrá ser encarado en tanto la polarización se imponga al reconocimiento. Una sociedad española, alienada por discursos dogmáticos, resulta hoy incapaz de propiciar con sus representantes las mayorías de dos tercios que se requieren para reformar la Constitución del 78.