Sin consecuencia jurídica ni efectos más allá de sumarse a la campaña política que identifica a sus promotores con la estrategia del partido político que les puso en sus cargos, la declaración forzada ayer por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo amplifica su propio descrédito, si es que esto es posible. Pocas lecciones de legitimidad democrática y de respeto al marco constitucional se pueden aceptar de quienes llevan casi cinco años reteniendo sus cargos en el órgano de gobierno del Poder Judicial por encima del límite marcado por la legislación. La institución no merece el descrédito al que se la viene sometiendo y que alcanza una cota superior con su utilización espuria en beneficio de una estrategia política en la que los vocales conservadores son cómplices necesarios. Difícilmente cabe esperar de estos cargos públicos la sensibilidad que exige la separación de poderes y la desjudicialización de la política, cuando impulsan de forma tan flagrante y continuada la politización del Poder Judicial. Su actuación facilita entender la causa por la que el Partido Popular ha eludido la responsabilidad constitucional de propiciar la renovación del CGPJ. Un Consejo representativo del reparto proporcional de sensibilidades representadas en el Parlamento español habría hecho imposible esta maniobra. El pronunciamiento sobre una iniciativa legislativa inexistente –la futura ley de amnistía no es siquiera un borrador– cargado de retórica política en sus argumentos y disfrazado con el barniz de una presunta dignidad institucional no oculta la instrumentalización a la que someten al CGPJ. La mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces añade desde ayer al desdoro ya acumulado el haber sometido el organismo a un burdo ejercicio de agitación de la opinión pública y propaganda, violando su debida neutralidad como poder independiente mediante la abrupta invasión del poder legislativo antes de que este haya ejercido a su vez su propia independencia. Aquí no hay proceso normativo en marcha y todo lo que ha hecho el Consejo es posicionarse políticamente ante declaraciones y anuncios de intención. Hacerlo ahora y no ante iniciativas de la ultraderecha de tinte machista, xenófobo o que propugnaban la ilegalización de partidos democráticos también es indicativo.
