La sucesión de acuerdos para garantizar el inicio de la legislatura con la investidura de Pedro Sánchez tropezó ayer en Carles Puigdemont, que congeló el respaldo de JxCat, mientras entre los votos imprescindibles siguen pendientes los del PNV, que tampoco hallaba ayer mimbres suficientes para rubricar su apoyo. Pero, en paralelo, a medida que el PSOE trabaja las opciones de Sánchez de gobernar, se eleva el tono de la campaña de desprestigio que encabeza el PP tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo y que involucra a todos los tentáculos de la derecha española, alineados con esa descalificación con independencia de la institución desde la que actúan. Significativo es el movimiento de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrada por el Partido Popular, con un inusitado intento de condena preventiva del anteproyecto de ley de amnistía que desborda sus competencias. También el uso de su mayoría en el Senado para forzar una reforma del reglamento con la que dilatar el proceso de aprobación de la citada norma, aun conscientes de que la Cámara Alta no tiene entre sus funciones el derecho de veto. Pero, sin duda, lo más grave del discurso incendiario que ayer mismo reproducían Núñez Feijóo y José María Aznar, es la criminalización de la divergencia política, el tono populista de sus reproches y el apocalíptico enfoque con el que insisten en barnizar su imposibilidad de generar mayorías para recuperar el gobierno del Estado. El expresidente español proclamaba una crisis constitucional en el sentido de cuestionar “la continuidad histórica de España” y el actual líder del PP acababa asociando la nación española con la igualdad y la justicia. Ninguno asumió su responsabilidad en el deterioro de la política que supone la estrategia de señalamiento de otras fuerzas legitimadas democráticamente; ni en la ocupación ilegítima del CGPJ de sus vocales en funciones; ni en los errores cometidos durante sus presidencias con la judicialización de la política para que los tribunales impongan lo que las urnas reiteradamente rechazan en el marco territorial de las otras realidades nacionales del Estado. La política de eslóganes, de instrumentalización de las instituciones y de apelación a la calle contra el mandato de las urnas incendia la convivencia.