Cuando la investidura de Pedro Sánchez encara ya el último repecho, el acuerdo anunciado con ERC sobre la amnistía a los acusados por su participación en el procès resulta un impulso constatable del grado de consenso alcanzado para asegurar la mayoría parlamentaria imprescindible para que se materialice el arranque de la legislatura. La amnistía, como elemento emblemático de la reivindicación del soberanismo catalán, se había convertido en condición sine qua non para el respaldo de JxCat y Esquerra. El consenso en torno a esa herramienta, para abrir no solo la puerta de la investidura sino la de un espacio de estabilización de relaciones en y con Catalunya, alcanzaba a esa mayoría necesaria, desde el PNV a Sumar, desde EH Bildu al BNG. Pero no es la base del consenso con cada uno de ellos en tanto las agendas han definido parámetros diferentes. Desde el gratis total de la izquierda independentista vasca, a los ejes socioeconómicos recién anunciados en el pacto con la plataforma de Yolanda Díaz –cuya digestión en Podemos está siendo pesada–, pasando por la demandas de blindaje del autogobierno vasco y desactivación de sus amenazas que viene poniendo sobre la mesa el PNV. Las formas de este acuerdo de investidura están pasando por el ojo de cada aguja y los fondos del mismo tendrán que enhebrar unos mínimos imprescindibles para consolidar una hoja de ruta compartida del Gobierno español con los socios que le permitirán gobernar. Las nuevas herramientas deberán salir de los primeros Presupuestos y de la agenda legislativa y la adaptación de la iniciativa –pasada y futura– de ese Gobierno a los principios de respeto al modelo descentralizado y profundización del reconocimiento de la diversidad sociopolítica del Estado que se plasma en las mayorías territoriales de las naciones que conviven en él. La percepción de que el listón de la investidura es marca suficiente sería un error de todos. Si algo no puede permitirse un gobierno de exiguas mayorías es la permanente tensión en sus pilares. Esto implica cerrar grietas en el seno del socio minoritario –Sumar– y crear nuevos ámbitos de confianza con el soberanismo vasco y catalán, cuya experiencia pasada con los compromisos de Sánchez ha sido, en el mejor de los casos, dispar. Tras la investidura y la amnistía tocará hacer política.