Los árboles del debate dogmático volvieron a ocultar el bosque de la realidad plurinacional, esta vez en el marco de la Diada de Catalunya. Este es un error reiterado que se arrastra desde que el modelo autonómico derivó en maremagnum en el que diluir las realidades nacionales –nacionalidades dice la propia Constitución, diferenciándolas de las regiones–. La evidencia del dogmatismo se reproduce cada vez que se critica la eventualidad de una ley de amnistía a los políticos implicados en el procès. El argumento que hace fortuna en el nacionalismo español de derecha y de izquierda para rechazarla es que supondría poner en solfa la propia transición española. Lo expresaba crudamente días atrás Alfonso Guerra – “esta amnistía es la condena de la Transición”–. Este gran obstáculo se erige para no cerrar la persecución judicial de la práctica política del soberanismo periférico en el Estado cuando reivindica el cambio del marco jurídico para su reconocimiento y se complementa con el discurso de la igualdad de los españoles ante la ley. Desmentido por el propio ordenamiento penal en relación, sin ir más lejos, al jefe del estado, es ejemplo de discurso populista que reiteradamente sirve para cargar contra el autogobierno –los “privilegios” forales– en lugar de establecer un equilibrio real de corresponsabilidad fiscal y política en el conjunto de territorios, que nunca se ha acometido por suponer un proceso de descentralización real que no desean ni las autonomías que se dicen agraviadas ni quienes se alternan en las instituciones del Estado. Pero ayer mismo, con motivo de la Diada, como sucede en torno al Aberri Eguna, la negativa a afrontar la diversidad nacional se alimentó de los mismos enfoques que solo han servido en 45 años de democracia para negar la plurinacionalidad del Estado. En el proceso de construcción del Estado español moderno, Euskadi y Catalunya no han sido seducidas con mecanismos de libre decisión por el prejuicio implícitamente asumido de que ese ejercicio no conduciría a la adhesión al proyecto de Estado. Y la causa es que su realidad centenaria se ha afrontado mediante la absorción impuesta –Concierto y Convenio, ahora denostados, son fruto de la unilateralidad del Estado para derogar el marco jurídico foral vasco y la propia Diada recuerda la supresión del marco catalán– y no desde el reconocimiento.