La adhesión de la mayoría sindical en el Estado ha sido determinante para propiciar el acercamiento de las fuerzas de izquierda del Congreso a la reforma de las pensiones, aunque los sindicatos vascos sigan instando a rechazarla. El Gobierno de Pedro Sánchez ha jugado sus cartas de espaldas a sus socios una vez más pero se ha guardado las suyas a través del acuerdo con Bruselas, que hace prácticamente imposible ponerse de perfil ante las transferencias de fondos europeos que habilitará. No cabe perder de vista este extremo, como tampoco el hecho de que viene a sustituir a un modelo de cálculo y financiación de las pensiones –el implantado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy– que resultaba abiertamente lesivo para los pensionistas y que venía soslayándose con enmiendas parciales que requerían una estabilidad normativa. Hasta aquí, los factores que animan a la adhesión. Persisten, no obstante, algunas dudas que no podrán esclarecerse hasta comprobar su impacto en el marco laboral y productivo y que también animan a la prudencia. Entre ellos, la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que, si bien permitirá dotar coyunturalmente un fondo de reserva de la Seguridad Social que acumularía, según las previsiones del Ministerio de Escrivá, 120.000 millones de euros en el plazo de veinte años, también se agotaría de nuevo en la década siguiente. Se confía a partir de entonces en haber superado el efecto de la generación de pensionistas del baby boom, con la expectativa de una estabilización de la curva descendente de natalidad. Pero la ecuación de las pensiones estaría incompleta si se desgaja de la fórmula que las sostiene: la creación y mantenimiento del empleo y sus cotizantes. Este año, el sistema de financiación de las pensiones supondrá un encarecimiento de los costes salariales del 4,27% (10 céntimos por hora laboral). No es inasumible pero hay que añadirlo a la subida del 8% del salario mínimo. Los convenios que, sobre el derecho a conservar el poder adquisitivo, busquen la referencia del IPC añadirán tensión a los costes y a los márgenes. Los mismos agentes sociales que hoy aplauden la reforma ¿contemplan participar en la contención de costes por otra vía? Porque, de lo contrario, quizá demasiadas pymes se vean arrastradas a una conflictividad o pérdida de competitividad.