El Ministerio de José Luis Escrivá vuelve a dar muestras de su escasa vocación descentralizadora y de una unilateralidad en ámbitos que afectan a terceros que puede provocar otro atasco de las relaciones y la negociación de transferencias al Gobierno Vasco. Unilateral es la decisión de instalar un macrocentro con 350 plazas para instalar a refugiados durante un mínimo de medio año en un edificio propiedad de la Seguridad Social en Gasteiz. Adoptada sin consulta ni consenso mientras en paralelo se encuentra abierta –y debería acelerarse– la negociación del traspaso a Euskadi de las competencias en políticas migración y acogida. Este es el marco de la discrepancia y no otro: una divergencia en el modelo de tratamiento de la acogida a los refugiados amparados para protegerles de las circunstancias que amenazan su integridad en sus países de origen. No cabe duda de que la concentración de varios centenares de personas en un mismo centro de acogida puede facilitar su gestión administrativa, pero tampoco de que el tratamiento integrador en el entorno social que requiere cada caso individual se dificulta cuando se crean espacios diferenciados y acumulativos que no favorecen la empleabilidad, la socialización ni la normalización de relaciones. No anima a asentar el principio de convivencia natural el proyecto de ubicar junto al centro planificado en Gasteiz una Comisaría de Extranjería, que no ayuda a desestigmatizar por una indebida proyección de vigilancia donde debería transmitirse al conjunto de la sociedad una prioridad en la asistencia. A todo ello se une la sensación de improvisación al apresurarse en materializar unas ayudas europeas antes de su vencimiento. El refugiado precisa de una extrema sensibilidad en su acogida. No es una persona cuyo horizonte sea la tutela sino el libre desarrollo de un proyecto vital lejos de sus orígenes, con el componente de dificultad y coste emocional que ya tiene. Requiere de una atención específica que propicie la natural inserción en la sociedad de acogida y evite el señalamiento y las tentaciones xenófobas. Esos objetivos y la máxima humanización de su tratamiento deben estar en la prioridad de la gestión de cualquier administración pública. Con la perspectiva de transferencia de esas funciones, la unilateralidad esgrimida, de nuevo, por el equipo de Escrivá es un error.