La Educación, es un activo clave de la sociedad vasca, además de la apuesta más nítida de inversión –junto a la Sanidad– de las instituciones del país desde que se dispone de la competencia. La responsabilidad de preservar estos factores de bienestar y desarrollo debe ser compartida. Sin embargo, los dos ámbitos se han convertido en foco para el desgaste de las instituciones vascas y de quienes las dirigen, además de en terreno de experimentación de una estrategia sindical de contrapoder sectorial. En el caso de la Educación, un acuerdo político transversal sin precedentes la ha situado en una posición envidiable para acometer su desarrollo en las próximas décadas, actualizando una norma de hace 40 años desbordada por el paso del tiempo. La oportunidad sigue ahí y requerirá la voluntad de preservar ese consenso llevar a término una nueva ley. La crítica y la divergencia son consustanciales a un proceso de diálogo. Lo que no se compadece con la voluntad de acuerdos es la manipulación de los sentimientos, los datos y las necesidades reales. El sistema educativo vasco dispone de dos modelos enriquecedores que es preciso equilibrar pero no dinamitar. Escuela pública, ikastolas y centros concertados han situado a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) líder en el ámbito educativo en el Índice Multidimensional de Calidad de vida en el Estado, recién publicado por el INE. La CAV –seguida de Nafarroa– destaca por encima de todas las comunidades y de la media del Estado en los factores de nivel educativo y bajo abandono escolar. Además, el Informe 2022 de Cifras de la Educación en el Estado vuelve a constatar que la inversión por alumno está muy por encima de su entorno y se aplica una apuesta en la red pública que duplica lo dedicado en la concertada. Lo que acredita que no existe deterioro pese a que los eslóganes lo soporten todo. Los ratios de alumnos por aula en la enseñanza pública han sido pactados este mismo año con el 80% de la representación sindical favoreciendo conservar aulas y profesionales. En este marco, se convocan huelgas en el sector público que señalan al otro 50% del sistema como fuente de unos males que los hechos no reflejan y otros que el anteproyecto de ley va orientado a subsanar. Postura ideológica que requiere mayor explicación de los convocantes a sus representados en el resto del sistema educativo.