El Senado acogía ayer un acto de conmemoración del 40 aniversario de la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra de escaso contenido y marcado por la polémica inflada sobre la transferencia de tráfico a la Comunidad Foral. La presidenta, María Chivite, se vio en la necesidad de aclarar por enésima vez que los discursos interesados en torno a la competencia que se transferirá, como estaba previsto, antes de final de marzo, no responden a la verdad ni son obra del hacer de EH Bildu, cuya intervención –pese a lo publicitado– no ha incidido sobre lo previsto en el acuerdo de Gobierno navarro para la legislatura que concluye en unos meses. El acto de Madrid no tuvo ayer su equivalente en Navarra. Una curiosa o reveladora circunstancia, según se mire, que obligó a la presidenta a anunciar la improvisación de otro antes de final de año. Pesan las incómodas circunstancias que rodean al proceso de institucionalizacion de la Comunidad Foral, sin Estatuto de Autonomía y con una ley que no ha sido refrendada en sufragio por la ciudadanía navarra. En este marco, el evento de ayer resultó frío y estéril en términos de afianzamiento de la realidad foral de Navarra, en tanto la intervención de la presidenta Chivite estuvo muy condicionada por el clima político de la capital española. Ese clima político hizo de la intervención de la presidenta poco más que un rendimiento de cuentas de la futura transferencia de tráfico o, más bien, de ofrecer su garantía de permanencia de la Guardia Civil en Navarra. La normalidad que, con toda la lógica, Chivite reclamaba ayer en relación a los territorios forales está en el debe de los partidos de ámbito estatal –también el suyo– que, teniendo conocimiento directo de la especificidad jurídica histórica de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, han abandonado toda responsabilidad de transmitírsela a la opinión pública. La pedagogía siempre ha sido necesaria frente al olvido del llamado constitucionalismo y la estrategia de conflicto de la izquierda radical independentista. Las voces que la han practicado son las del nacionalismo vasco y un sector de la izquierda, y se les pagó con una exclusión de la que fueron copartícipes UPN y PSN mediante un diseño de ley de Amejoramiento que dejó de lado las mismas bases acordadas por el Parlamento de Navarra en 1979, que incluían, sin ir más lejos, la oficialidad del euskera.