Hoy, 25 de noviembre, es otro Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el que poner el foco en una batalla que no estamos ganando. Los datos fríos de delitos contra la libertad sexual, de maltrato machista y de las diversas formas de violencia de la que son objeto las mujeres acreditan que hay mucho trabajo por hacer y chocan con el tono del debate público. Los mecanismos imprescindibles de detección de estas violencias, de amparo a sus víctimas y de rechazo unánime están haciendo un trabajo insustituible pero que se encuentra cuestionado cuando el asunto sigue utilizándose de dos maneras frente a las que es preciso poner pie en pared. En primer lugar, está la pretensión de minimizar, ocultar e incluso negar la existencia de estas violencias. Los eufemismos dialécticos a la hora de referirse a ellas construyen argumentaciones políticas que solo pretenden ocultar bajo un supuesto barniz de defensa del género masculino, lo que no es sino consolidar situaciones de supremacía. La violencia contra la mujer existe como una realidad muy identificable, es una lacra específica que se cobra vidas cada año y condiciona las de miles de personas y no cabe diluirla con semántica manipuladora ni con laxitud jurídica y, si es el caso, penal. Asistimos a una estrategia en ese sentido desde posiciones de extrema derecha que pretenden normalizar discursos negacionistas ante la que no cabe dar un paso atrás. La alerta debe ser constante e implacable ante lo que no es un asunto familiar o privado. La protección de los derechos y libertades y la persecución de la amenaza contra la integridad física y emocional de las personas afronta tipologías nítidamente vinculadas al género. Otra forma de utilización del debate político en este aspecto la estamos padeciendo en relación al tono y los objetivos del pulso argumental sobre la llamada ley de solo sí es sí. La pretensión de desgastar al Gobierno de Sánchez está sepultando el fondo de la cuestión en un enjambre de mensajes y titulares que desatienden la necesidad de clarificar legalmente la falta de unidad de criterio judicial y la indefensión de muchas víctimas. Denostando la norma por sus imperfecciones se debilita la prioridad de enfocar los esfuerzos hacia lo sustancial: implantar un compromiso social y político contra la violencia machista.
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