La diligencia en la administración de los fondos europeos Next Generation, destinados a servir de transformadores de la economía europea en sectores referenciales de actividad, innovación, eficiencia energética y desarrollo social, ha sido objeto de debate esta semana en el Congreso a raíz de una pregunta al presidente Sánchez realizada por el Grupo Vasco. En ella, Aitor Esteban puso voz a una queja generalizada sobre la escasa agilidad en la gestión que la administración del Estado está practicando y que, pese a que el presidente Sánchez eludiera admitir, está siendo constatada por los propios ministerios españoles. La lentitud es la tónica de un procedimiento excesivamente centralizado y que está siendo capitalizado en exclusiva por el Gobierno español, desoyendo a las administraciones autonómicas que le han reclamado participar para ganar en eficiencia. La asignación de los recursos a los proyectos seleccionados no fluye debidamente pese a que se hayan nominalizado hasta 31.000 millones en proyectos de inversión. En primer lugar, la mera asignación no se acompaña de su ejecución, lo que implica que los fondos no estén llegando en tiempo y forma al destino para el que han sido adjudicados. En consecuencia, los proyectos cuyo grado de desarrollo depende en buena medida de esos fondos se ven ralentizados. Las empresas vinculadas a esos proyectos acometen inversiones que, si no se ven acompañadas de la liberación de los recursos que se les han prometido, se detendrán, atascando el proceso de implementación. De hecho, la ineficiencia en el flujo de las ayudas es ya un factor que retiene las inversiones ante la eventualidad de no verse acompañadas de los fondos prometidos. En el caso de las pymes y los autónomos, el problema adquiere una dimensión mayor al quedar de lado en los grandes proyectos y carecer de un procedimiento ágil para su acceso, lo que les empuja a perderse en un farragoso ir y venir administrativo. No se trata de ser más laxos en el control de las ayudas sino de establecer procedimientos ad hoc, descentralizados y nítidos –ventanillas únicas cercanas territorialmente a los solicitantes– que permitan que las ayudas europeas lleguen al tejido productivo. De lo contrario, la maquinaria administrativa que debería facilitar su aplicación será su mayor enemigo.