a vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, lanzaba ayer una advertencia que amenaza con una onda expansiva de calado en el conjunto de la economía. Calviño sugería que la bonificación a los carburantes que, desde el pasado 31 de marzo, se aplica a su precio final -20 céntimos por litro-, y que fue la medida principal que sirvió para suspender la huelga del transporte, podría terminar el próximo 30 de junio. Un primer vistazo superficial lleva a pensar en su impacto en el bolsillo del consumidor coincidiendo con la primera operación salida del verano y a plantear el riesgo de una confictividad ascendente en los sectores de actividad directamente afectados. Pero, con ser importante este efecto, los hechos acreditan que la medida ha sido desbordada por la evolución del precio de los combustibles y es preciso analizar el motivo. A la espera de las conclusiones de la investigación en curso que realiza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la evolución de los precios en las gasolineras, lo que es un hecho es que en solo un mes, la subvención ha sido absorbida y el precio final que paga el consumidor vuelve a rondar los 2 €/litro. Determinar si el incremento es objetivo o la subvención ha ido a parar íntegra a las cuentas de los proveedores en cualquiera de los niveles de la cadena no será sencillo. En primer lugar, el precio medio del crudo en origen no ha experimentado subidas significativas en este tiempo. El barril Brent cerró el 30 de marzo en un precio medio de 112,76 dólares y la cotización media ayer era de 111,19, de modo que no cabe atribuirle la responsabilidad de la subida. Es cierto que en el último año los costes del refino se han incrementado por encima de un 50%, -datos INE, arrastrados a su vez por le precio de la electricidad y del gas- pero tampoco hay constancia de que en los últimos 30 días se haya incrementado en el mismo 11% que sí lo ha hecho el precio del combustible para el usuario. Cuando la vicepresidenta advierte de que contempla no prorrogar la subvención más allá del 30 de junio si los operadores la absorben en el precio está sugiriendo abiertamente que el esfuerzo económico realizado con fondos públicos -que salen del bolsillo del contribuyente- acaba en los márgenes de la cadena de producción y no en la sostenibilidad de la actividad económica de las empresas y del consumidor. l