uando se cumplen diez días desde que se conociera la carta enviada por Pedro Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, el Gobierno español aún no ha explicado mínimamente a la opinión pública el radical giro que ha realizado en la política de Estado respecto al Sáhara al asumir la propuesta de autonomía para los territorios ocupados ilegalmente desde hace casi medio siglo. Este unilateral cambio de postura -que compromete a todo el país- es un grave error histórico y ha sido acogido con indignación en la gran mayoría de la población saharaui y sus representantes, que lo consideran una “traición”, y ha generado también el rechazo unánime de todas las fuerzas políticas del Estado -a excepción del PSOE-, desde la extrema derecha a la izquierda radical, pasando por los nacionalistas, así como en las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos. El fondo y la forma de esta decisión, tomada sin consultar siquiera a su socio de coalición ni a los apoyos con que cuenta el Gobierno y contraria a todas las resoluciones adoptadas respecto al conflicto del Sahara por la ONU y, por tanto, contraria al derecho internacional, debería obligar a su rectificación y revocación por parte del Ejecutivo español. Una opción de marcha atrás que a nadie se le escapa es de muy difícil ejecución y que Sánchez no parece dispuesto a contemplar. Las últimas resoluciones de las Naciones Unidas respecto al Sáhara Occidental, en especial la 2602 aprobada por el Consejo de Seguridad en octubre del año pasado, deja bien clara la exhortación a las partes en conflicto a que reanuden las negociaciones con vistas a lograr una “solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. El giro en el que el Estado español se alía con la postura marroquí rompe de manera flagrante con este marco de la ONU. Este miércoles, Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, explicar este cambio. El presidente tiene la obligación de escuchar el clamor político y social casi unánime y, en consecuencia, asumir su error y no perseverar en él. Los posibles beneficios de una “buena” relación con Marruecos no pueden estar por encima de los derechos del pueblo saharaui, de la legalidad internacional ni de la opinión abrumadoramente mayoritaria de la ciudadanía.