a evolución de la sexta ola covid en Euskadi apenas ha comenzado a girar hacia unas expectativas de menor transmisión e incidencia y, en consecuencia, de distensión del sistema sanitario. Sin embargo, medidas adoptadas con criterios de protección y contención de la expansión de la pandemia empiezan a aparecer cuestionadas por decisiones cuya justificación técnica no está acreditada. Una de ellas es el pasaporte covid, cuya suspensión en la hostelería ha sido decidida por las autoridades de Cantabria. La decisión, como todas, es respetable en tanto esté argumentada y la consejería del ramo afirma que con el uso del certificado no se evita la transmisión. Admite que ha habido un efecto incentivador de la vacunación, al que obviamente la suspensión renuncia. En cuanto a la efectividad real de suspender su uso en una comunidad en la que 80 de su centenar de municipios está en alerta de nivel 3, que implica el cierre del interior en la hostelería y la limitación a seis personas por mesa en terraza. Es decir, el alcance real de la suspensión del uso de certificado no parece justificar una generalización del debate por el ejemplo de la comunidad vecina. En este sentido, la vigencia de la medida en Euskadi no será revisada antes de final de mes porque no se da la reducción de incidencia que lo recomendaría. Adicionalmente, otras medidas de control, como la suspensión de la competición del deporte escolar, suscita también un debate social en cuyo fondo está el cuestionamiento de la propia propagación de la pandemia a través de la movilidad. Todo ello configura un panorama en el que se da la contradicción de propiciar en la calle simultáneamente el rechazo al concepto de gripalización de la pandemia, entendido como una gestión endémica de la enfermedad, mientras las posturas individualizadas y de los diversos grupos de interés concernidos ante los usos sociales que se ven condicionados por las restricciones, apuntan precisamente en esa dirección. Sin embargo, el escenario objetivo habla de un esfuerzo social severo en favor de mantener la actividad lo más normalizada posible en el ámbito público con contrataciones en educación y sanidad hasta los límites de la contratación posible -aunque pueda parecer insuficiente, la carencia de profesionales a los que acudir no permite ampliarla- que debe seguir acompañado de la corresponsabilidad que tiene en manos de la ciudadanía la protección propia y colectiva.
