as relaciones entre el Gobierno español y el Ejecutivo vasco, así como con las formaciones de Euskadi que forman parte de la mayoría de la investidura (PNV y EH Bildu), se asemejan demasiado a una montaña rusa. El gabinete de Pedro Sánchez posee una insólita capacidad de bascular en su acción política entre la indiferencia, la insensibilidad o el ninguneo de la plurinacionalidad y de los hechos diferenciales, la inercia recentralizadora mediante la invasión de competencias y el incumplimiento de compromisos adquiridos para pasar, forzado casi siempre por el PNV al que necesita debido a su minoría parlamentaria, ceder en la negociación en favor de la cogobernanza, la bilateralidad o en las transferencias de materias aún pendientes. Los últimos días son un claro ejemplo de ello, en relación al proceso de traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a la aprobación de la nueva reforma laboral. No es esta una manera de proceder eficaz, leal y respetuosa con el Estado autonómico. En el caso del IMV, a finales de año el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, protagonizó una de sus habituales maniobras y propuso al Gobierno Vasco una insólita transferencia “provisional”, por un plazo de diez años renovables. Un planteamiento que choca directamente con la propia concepción constitucional de la autonomía y con el espíritu y la letra del Estatuto de Gernika. Una competencia no puede tener fecha de caducidad. No solo porque chocaría frontalmente con lo establecido en el Estatuto sino porque supondría un flagrante incumplimiento de los acuerdos alcanzados por el propio Gobierno español. Y para las instituciones vascas tendría el riesgo añadido de que un cambio de criterio o un nuevo Ejecutivo podrían intentar revertir la trasferencia. Tras la seria advertencia lanzada por el PNV de que esta actitud supondría la ruptura con el Gobierno de Sánchez, la consejera vasca Olatz Garamendi ha recibido directamente de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la garantía de que el Ejecutivo asume la transferencia en su integridad y sin plazo alguno. Es de suponer que, de cumplirse, las relaciones entre los gobiernos vuelven a situarse donde nunca debieron dejar de estar: en el diálogo y el acuerdo bilateral y a salvo de ministros incendiarios. Una lección que debe servir de cara al futuro, por ejemplo en la negociación de la reforma laboral.