evanta un griterío interesado el hecho de que el Gobierno Vasco comience a ejercer la gestión de la política penitenciaria en las prisiones vascas, aunque esta se mueva en los parámetros naturales recogidos en la legalidad vigente. La puesta en marcha de la agencia encargada de procurar la reinserción de la población reclusa, Aukerak, se ha visto acompañada de una campaña de manipulación en medios y ámbitos políticos de la derecha española que pretende ocultar bajo un manto de ruido interesado la realidad de la normativa estatal e internacional. En primer lugar, la propia agencia ejercerá unas funciones y objetivos que ya existían en el entramado penitenciario español, aunque con un escaso éxito en el ámbito de la reinserción. Los procedimientos de resocialización y tratamiento de las condenas por la vía de la formación y la participación de los presos en procesos y actividades que pueden redundar en una reducción de su estancia en prisión está en vigor en la política penitenciaria española desde hace décadas. La propia Constitución de 1978 establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Una orientación democrática de la función penal que bebe directamente del largo proceso liderado por Naciones Unidas, que estableció ya en 1955 y ratificó en 1967 y 1973 las conocidas como Reglas Mínimas del tratamiento penitenciario y la prevención del crimen. En ellas ya se establece una orientación fundamental de principios básicos que introducen en la estrategia punitiva las garantías de protección de los derechos humanos del penado, su resocialización y retorno gradual a la sociedad. Obviar estos principios y reducir los mecanismos de esa resocialización en los términos en los que se expresaron ayer líderes políticos de PP o Ciudadanos, que trataron de vincular las estrategias de reinserción exclusivamente a la presunta voluntad de liberar a presos de ETA -en palabras de Carlos Iturgaiz- es una indignidad y una posición ideológicamente enfrentada a los principios democráticos. Más allá de la simplicidad del argumento, la campaña de críticas se suma a la manipulación de los sentimientos de la ciudadanía y de las víctimas que viene practicando la derecha española y que ha sido denunciada reiterada y recientemente por estas para descrédito de sus promotores.
