l Gobierno español comienza a asumir que la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros pueda experimentar algún cambio durante su tramitación y, en su caso, aprobación en el Congreso de los Diputados. No es poco, si se trata de una disposición real, abrir la puerta a posibles alteraciones en el texto, toda vez que desde el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez se había planteado con rotundidad que el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos “no se toca”. Desde Euskadi y Catalunya, tanto PNV como ERC y EH Bildu -a los que no se dio posibilidad alguna de negociación o intervención- ya han dejado claro que no aceptarán la norma si no se introduce la primacía de los convenios propios sobre los estatales, si bien las dos últimas formaciones exigen otros cambios más radicales y estructurales. La minoría parlamentaria que tanto les cuesta asumir a los socios de gobierno (PSOE y Unidas Podemos) les obliga a buscar apoyos para aprobar la reforma. La obstruccionista postura del PP y su rechazo a cualquier cambio en la normativa aprobada en solitario por Mariano Rajoy puede tentar al Gobierno a buscarlos en Ciudadanos -que ya se ha dejado querer-, pero es una opción arriesgada que puede terminar dinamitando no solo la mayoría de la investidura, sino al propio Gobierno de coalición. La negativa de los socios que sostienen al Ejecutivo a asumir la nueva normativa laboral tal y como está empieza a agobiar a Pedro Sánchez, que tiene menos de un mes para aprobarla. De ahí que la aceptación del Gobierno a que pueda tramitarse como proyecto de ley y su llamamiento -ya más moderado y realista que el “no se toca”- a respetar el texto para que permanezca inalterado “en la medida de lo posible” sea un paso en la buena dirección. La clave para un acuerdo satisfactorio será precisamente la voluntad de pactar del Ejecutivo Sánchez. La realidad socioeconómica y laboral de Euskadi es diferente a la del Estado y hay consenso entre los agentes vascos en que esa especifidad debe estar claramente articulada en la reforma, de manera que recoja la prevalencia de los convenios autonómicos. Los frentes o bloques a “derecha” e “izquierda” que plantean algunos partidos contra la nueva ley no son una alternativa válida y realista a una norma con virtudes indudables pero que debe introducir cambios y ser plenamente respetuosa con el marco vasco.