l plano puramente dialéctico y, en muchos casos, de cara a la galería no es el mejor terreno para afrontar una negociación clave como la de los Presupuestos vascos para el año que viene, que deben ser entendidos por todos los agentes implicados -Gobierno y oposición- como la herramienta imprescindible para la recuperación y el relanzamiento económico y social de Euskadi tras la pandemia. La primera ronda de conversaciones entre el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Aspiazu, y representantes de las formaciones políticas en busca de un posible acuerdo que ensanche los apoyos con que cuenta el Ejecutivo ha brindado una imagen ambivalente. Por un lado, tanto el gabinete que preside Iñigo Urkullu como la mayoría de los grupos han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo y tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos han presentado propuestas al proyecto de las Cuentas. No así el PP, cuya voluntad real de diálogo parece más bien nula dentro de su estrategia de confrontación total con el Gobierno Vasco. Los presupuestos aprobados por el Ejecutivo son sólidos, realistas, orientados a su objetivo de recuperación de la crisis, netamente sociales y suponen una gran oportunidad para salir del profundo bache del covid. Obviamente, son mejorables si se presentan alternativas a las diferentes partidas bajo los mismos prismas de atención al principio de realidad y respeto a las competencias. La mera presentación de propuestas sin valorar suficientemente su impacto o su ámbito de actuación no es indicador per se de una mejora de las Cuentas ni de la voluntad real de alcanzar un acuerdo. Esta próxima semana, Azpiazu abrirá una segunda ronda con EH Bildu y Elkarrekin Podemos -no así con el PP, al no haber presentado propuestas- que puede significar una prueba más clara de un posible acercamiento de posturas. Es en ese diálogo y no en declaraciones públicas en las que, además, algunos grupos parecen exigir la aceptación de sus propuestas sin mayor contraste donde debe concretarse la voluntad de acuerdo, con la base del proyecto del Gobierno. Es este compromiso el que debe presidir en las próximas semanas la negociación en una mesa y no tanto los discursos. Queda aún mucho tiempo para un acuerdo lo más amplio posible que redundaría en beneficio de la ciudadanía.
