unque esté costando acompañarlo de iniciativas prácticas, el concepto de sostenibilidad medioambiental está más que interiorizado en relación a la producción energética. El marco internacional ha ido incorporando medidas y normativas orientadas a que la generación y el consumo eléctrico sean más eficientes y más respetuosos ambientalmente. Sin embargo, la actual escalada de los precios de la energía, especialmente de la electricidad, no tiene visos de cambiar de tendencia sin una intervención decidida en el mercado y el sistema de tarificación. Hasta el punto de que la sostenibilidad energética incorpora ya claramente una nueva acepción que tiene que ver con la capacidad del ciudadano de afrontar sus costes, que tienen un impacto directo en su bienestar, y de las empresas de no comprometer en ello su competitividad. La situación actual ha puesto de manifiesto los defectos del sistema vigente, que repercute en el bolsillo del consumidor sistemáticamente. En consecuencia, las modificaciones deberán ser estructurales, de alcance europeo y permitir replantear el sistema de cálculo de tarifas de un modo justo en relación a los costes sin que por ello la propia viabilidad del sistema de producción de energía quede cuestionado mediante un castigo al sector de la generación. El pulso entre el sector y el Gobierno por el intento de repercutir el alza de precios a la cuenta de resultados de las eléctricas no aporta una solución ni a corto ni a la largo plazo. Resulta más factible la doble estrategia propuesta por el Gobierno Vasco de afrontar esa revisión completa del modelo y paliar en el inmediato el impacto de los precios sobre las economías domésticas y empresariales. La factura eléctrica sigue condicionada en su mayor parte por tasas artificiales, no asociadas a la producción ni la distribución. Buena parte de las mismas se convierten en ingresos públicos para el Gobierno español cuyo carácter finalista no siempre está garantizado. La gestión coyuntural de los precios puede pasar por la condonación temporal de estas tasas hasta que se pueda incidir estructuralmente. Al fin y al cabo, esta recaudación pública no redunda en un equilibrio de rentas sino que, al ser una imposición indirecta, alcanza por igual a todas ellas, tensionando más a las más modestas. Sin perder de vista la responsabilidad colectiva en el marco del mercado europeo, en el que la Comisión no se muestra ágil.