l periodo de fechas que hubiesen correspondido a la celebración de Aste Nagusia de Bilbao, suspendida por segundo año debido a la situación de la pandemia, concluyó ayer sin que se hayan registrado incidentes especialmente destacables, más allá de algunas aglomeraciones y botellones que han obligado a desalojos de personas en los que se han podido producir momentos de tensión habituales también en otros fines de semana. El civismo y la prudencia con que han transcurrido estas no fiestas en la capital vizcaina contrastan, sin embargo, con la reiteración de altercados violentos que vienen pruduciéndose de manera sistemática en Donostia, donde la pasada madrugada volvieron a producirse ataques a agentes de la Policía y la destrucción de mobiliario urbano, con un saldo de 14 personas detenidas, a las que hay que añadir otro arresto en Hernani por idénticos motivos. La continua repetición de este tipo de actos en los que grupos de jóvenes lanzan piedras y botellas a la policía resulta ya insoportable para la ciudadanía, que en su inmensa mayoría cumple las restricciones de manera ejemplar. Es, por ello, necesario poner coto urgente tanto a los botellones como a los disturbios que no solo alteran la paz ciudadana sino que vulneran la normativa impuesta para evitar el avance del covid-19 -por lo que son profundamente insolidarios y ponen en riesgo la salud pública-, atentan contra la autoridad que únicamente pretende proteger al conjunto de la ciudadanía y causan destrozos de titularidad pública y privada. En este sentido, la contundente respuesta de la Fiscalía de Navarra frente a recientes actos de este tipo puede suponer un precedente para afrontar estas situaciones, por cuanto acaba de solicitar hasta cuatro años y siete meses de prisión para los detenidos en los disturbios que tuvieron lugar el jueves en Pamplona, donde hubo once arrestos. Además, y hasta la celebración del juicio rápido el próximo 9 de septiembre, los acusados, como medida cautelar, no podrán acceder al Casco Viejo de la ciudad. Es la primera actuación judicial de envergadura contra este tipo de incidentes violentos en nuestras calles. Ni puede ni debe ser la única, porque la acción de la justicia, como la de la policía, solo son un elemento más de una labor que concierne a toda la sociedad. Los alborotadores no pueden imponer su ley.