stamos a nueve días del final del estado de alarma, lo que debería ser motivo de congratularse. El recurso a una herramienta legal tan invasiva de los derechos ciudadanos era indicativo de dos circunstancias. La primera de ellas era la gravedad de la pandemia que animó a recurrir a ella. La prioridad del derecho a la salud sobre el derecho a la libre circulación, entre otros. La segunda evidencia era que el marco legal vigente no es capaz de anticipar el escenario sobrevenido ni aporta la flexibilidad para gestionar las necesidades de seguridad sanitaria. Pero había un tercer factor: la negativa a propiciar un escenario legal de cogestión efectiva y versatilidad ante un fenómeno de impacto desigual temporal y territorialmente. El freno, una vez más, a la gobernanza desde la subsidiariedad que prima la eficiencia de las instituciones más capacitadas y cercanas a la realidad de cada entorno. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó la interpretación normativa más amplia de la legislación sanitaria vigente para poder asumir en primera persona la centralidad de la gestión. Esa vocación arrastraba el error de carecer de medios propios. Las diferentes capacidades de las 17 estructuras autonómicas sanitarias han tenido que reaccionar según sus realidades, ajenas a quienes marcaban la pauta de las decisiones desde el centro del Estado. Hoy es evidente la impericia de las instituciones y los partidos mayoritarios del estado a la hora de construir una legislación eficiente que prime no ya la descentralización como axioma, sino la eficacia del combate contra la pandemia covid-19. Se dejó en manos de la Justicia un debate cuyos parámetros eran tan irregulares que no han garantizado una interpretación equivalente a situaciones equivalentes. El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco demanda claridad normativa que permita a los jueces una interpretación nítida y estable de las medidas aceptables para preservar la salud pública. La mitad de los gobiernos autonómicos demandan esas herramientas o, en su defecto, el mantenimiento de la alarma que, por elevación, es el único mecanismo aportado. El Gobierno Vasco promueve una ley antipandemia que aporte esa seguridad jurídica y, mientras Elkarrekin Podemos se muestra dispuesta a participar de su redacción, el resto de la oposición sigue sin comprometerse, atascada en la dialéctica del desgaste.