a profunda crisis de la monarquía española a consecuencia de los escándalos que sus miembros, principalmente el anterior rey, han protagonizado y que tiene asimismo raíces en su imposición por el dictador Franco y su extemporaneidad respecto a la época histórica en que la sociedad, a pesar de todo, ha logrado dotarse de mayores dosis de libertad e igualdad de derechos, ha abierto un serio debate sobre su futuro. Al mismo se han sumado el Gobierno del Estado y su presidente, Pedro Sánchez, al posicionarse a favor de una “modernización” de la monarquía o de una nueva “ley de la Corona” que apuntalase el hoy en cuestión reinado de Felipe VI. Sin embargo, el sostenimiento de una monarquía constitucional en el Estado español, que ya pretendiera Alfonso XII a finales del siglo XIX y principios del XX, exigiría en todo caso cambios drásticos que el actual monarca y la Casa del Rey no han llegado ni siquiera a insinuar cuando han tenido oportunidad y motivos sobrados para hacerlo. La reforma del Título II de la Constitución y el fin de la inviolabilidad real que estipula el art. 56.3 y que ha propiciado los escándalos, cuando no delitos, del reinado de Juan Carlos I se antoja así indispensable en cualquier intento de separar a la institución de su pasado reciente. Del mismo modo que acotar de forma nítida el papel del jefe del Estado a su representatividad, sin atribuirle capacidades de arbitraje u otras -como las estipuladas en el art. 62 respecto al mando supremo de las fuerzas armadas o la convocatoria oficial de referéndums- que pudieran dar lugar a desviaciones de carácter político. Ahora bien, ni siquiera una reforma en profundidad y de esas características del papel que la Constitución de 1978 concede al rey lograría corregir el defecto del origen y el carácter extemporáneo de la monarquía. Enmendarlos exige que la Casa del Rey asuma su subordinación a la voluntad popular y por tanto demanda un referéndum sobre la continuidad de la institución que incluya una clara asunción por el monarca de los límites de sus deberes y prerrogativas, también de las fórmulas para su revocación en caso de incumplirlos. Si la “modernización” de la monarquía que se dice pretender se limita a un aggiornamiento de la restauración borbónica que materializó Cánovas en 1876 con Alfonso XII tras el pronunciamiento del general Martínez-Campos, el futuro a medio plazo del reinado de Felipe VI no diferirá del de su bisabuelo.