uando se acaban de cumplir nueve años del anuncio de cese definitivo del terrorismo por parte de ETA, es obligado constatar que si bien la situación social y política en Euskadi es obviamente mucho mejor al haber desaparecido la violencia, la intimidación, la amenaza y la extorsión, quedan aún retos pendientes en materia de memoria, verdad y reconocimiento y reparación a las víctimas que se deben abordar sin dilación si se quiere fortalecer una verdadera convivencia democrática en nuestro país. En los últimos días se han vuelto a reproducir episodios y pronunciamientos relacionados con la historia de ETA, algunos de ellos mal planteados o enfocados, de manera que han reflejado una imagen totalmente distorsionada de la realidad de la violencia y la actitud de la sociedad vasca y de algunos de sus más destacados estamentos. La proliferación de series televisivas y documentales sobre distintos aspectos del terrorismo -sin perjuicio de la absoluta necesidad de mostrar la verdad de lo sucedido en las últimas décadas de nuestra historia como forma de deslegitimar la violencia- está, sin embargo, contribuyendo a una inflación de lo que viene denominándose la batalla del relato, en muchas ocasiones bajo prismas excesivamente sesgados. A este respecto, tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, han dejado claro en el Parlamento Vasco que alguno de estos documentales -emitido en la televisión pública EITB- adolecía de falta de equilibrio al no recoger la opinión de las víctimas del terrorismo, con lo que se oculta una parte fundamental de la realidad. Asimismo, resulta censurable el testimonio aportado en un documental cinematográfico por parte del expárroco de Lemoa al entenderse como una justificación intolerable del terrorismo y de la actitud indolente, cómplice o connivente de parte -pequeña, en todo caso- de la sociedad vasca y de la Iglesia, a la que, pese al arrepentimiento posterior del sacerdote y la petición de perdón de la Diócesis, coloca en una situación delicada sobre todo de cara a las víctimas, que han mostrado su lógica indignación al sentirse humilladas. Son ejemplos evidentes de que queda aún mucho por hacer para blindar la convivencia sana mediante políticas de memoria que pongan a todas las víctimas en el centro de la revisión crítica y responsable de nuestra historia reciente.