or más que fuera esperado, no deja de ser una buena noticia que PNV y PSE hayan sido capaces de volver a forjar un acuerdo de cogobernanza que permitirá encarar con el sustento de una mayoría absoluta en el Parlamento una legislatura complicada en lo económico, lo fiscal y lo social ante un panorama absolutamente condicionado por la pandemia. Las virtudes de esa mayoría trascienden el hecho de que las capacidades de iniciativa legislativa y de diseño presupuestario estén cubiertas por ella. El principal activo del consenso alcanzado está en el hecho de que responde a una voluntad expresada democráticamente por una mayoría ciudadana vasca que así lo decidió en las urnas -escenario que, de no haberse satisfecho en julio, estaría más que en cuestión con la actual evolución de las infecciones por coronavirus-. La gestión de las exigencias sociosanitarias, económicas y, en general, la reactivación del país, es el eje del acuerdo suscrito entre los partidos que sustentarán el próximo gobierno de Iñigo Urkullu. Prioridades que no cubren la totalidad de abanico de retos -como acredita el propio acuerdo y su vocación de profundizar en la mejora del autogobierno, entre otros asuntos- pero que resultan imperiosas y nadie comprendería que fueran postergadas en el orden de importancia por cualesquiera otros problemas menos inmediatos. El acuerdo proclama además la voluntad de ampliar los consensos. La mayoría absoluta parlamentaria aporta una estabilidad necesaria pero no suficiente. El compromiso con el bienestar del país no puede terminar en los partidos que sustentarán el gobierno. Sería tan cómodo como lamentable que las fuerzas de oposición asumieran la posición de limitarse a ser agentes pasivos de la gestión, cuando no directamente quintacolumnistas que la incomoden. Su aportación es necesaria, como la de los agentes sociales. Esto últimos son igualmente fundamentales en el compromiso de hallar consensos. En tanto su representatividad es compartida y no alternativa a la voluntad expresada mayoritariamente en las urnas, su papel no puede ser el de pretender enmendar esa voluntad por otras vías. Se pueden defender los intereses de los colectivos sociales, laborales, empresariales, etc, sin por ello tratar de ejercer de contrapoder a la mayoría social democrática. De esta crisis se sale creando un escenario de oportunidad, no de conflicto.
