l acuerdo alcanzado in extremis entre los Gobiernos vasco y español tras varias semanas de intensa negociación mediante el que se fija un objetivo de déficit del 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) para Euskadi pone fin, de momento, a un conflicto interinstitucional que nunca debió tener lugar ya que resulta evidente -y el pacto firmado ayer así lo pone de manifiesto- que el autogobierno vasco solo puede ser entendido de forma leal y legal desde la relación de bilateralidad. Es decir, desde el diálogo, la negociación y el acuerdo entre ambos gobiernos, algo que el Ejecutivo español no parece terminar de asumir, al menos motu proprio. Es muy posible que la firmeza mostrada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, negándose a acudir a la Conferencia de Presidentes convocada para ayer por Pedro Sánchez haya precipitado la consecución del acuerdo. La posición del lehendakari no debe interpretarse como un pulso lanzado al presidente español, sino una respuesta de dignidad al intento de soslayar, una vez más, el autogobierno y el sistema institucional vasco, máxime en una situación de máxima urgencia habida cuenta de que Euskadi necesita de todas las herramientas y medios de que pueda disponer para afrontar la crisis derivada de la pandemia de covid-19. La presencia, finalmente, de Urkullu en la cita de San Millán de la Cogolla tras alcanzarse el acuerdo es, por ello, un nuevo gesto de buena voluntad que el Gobierno español debiera entender como una mano tendida a la negociación y al pacto siempre que se respeten las reglas de juego de la singularidad vasca. Respecto al acuerdo -y más allá de la necesidad y valor del mismo y a expensas de su ratificación en la Comisión Mixta que tendrá lugar en la primera quincena de septiembre-, supone para Euskadi la disposición de unos buenos cimientos al poseer, entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales -que, gracias al pacto, también podrán evaluar su propio déficit según la caída de su recaudación- una capacidad de endeudamiento adicional suficiente para, en palabras del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, “mantener servicios públicos, no tener que hacer recortes y afrontar la situación de la crisis económica con los recursos necesarios”. En definitiva, un acuerdo forzado al límite por parte de los representantes vascos pero positivo para los intereses generales de la ciudadanía y respetuoso con el autogobierno de Euskadi.