a comparecencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso con el objetivo inicial de explicar los pormenores y resultado de las negociaciones que, en el último Consejo Europeo, culminaron con el acuerdo sobre el fondo de 750.000 millones (390.000 en transferencias y 360.000 en créditos) para afrontar las consecuencias de la covid-19 no ha añadido información a la que ya se conocía desde que dicho acuerdo fue anunciado el pasado 21 de julio, hace más de una semana. Todo lo más, dicha comparecencia forma parte del intento de Pedro Sánchez por patrimonializar el acuerdo como parte de su gestión, para lo que le resulta conveniente mantenerlo en la generalidad y evitar el detalle de sus exigencias, que en el caso del Estado español (140.000 millones de euros, 72.700 en ayudas directas) incluyen recomendaciones específicas en educación, pensiones o reforma laboral, entre otros ámbitos, dentro de la premisa de la creación de un plan de inversiones concretas para las que se solicita la financiación; también el hecho de que el fondo -en realidad una deuda mancomunada de los estados miembro con pagos hasta 2058- apenas repartirá entre los Veintisiete el 10% (70.000 millones) en el ejercicio 2021. Dicho de otro modo, que la Unión Europea haya alcanzado, a falta aún de su aprobación por la Eurocámara, un acuerdo muy positivo en cuanto a lo que supone para el futuro de la cohesión europea no es, sin embargo, una panacea para la maltrecha economía del Estado español, ni debe servir de cesto que contenga las alabanzas de Sánchez atribuyéndose méritos que, en el mejor de los casos, serían compartidos o se limitarían a la petición de ayuda y que sólo podrían considerarse si la agenda de reformas que Sánchez dice en desarrollo pero no concreta se culminara con éxito más allá de esta legislatura. Pero, además, que dicho cesto se amplíe hasta mañana y a una conferencia de presidentes autonómicos en la que Sánchez no añadirá contenido no contribuye ni un ápice a generar la imprescindible confianza -tampoco lo hace la presencia de Felipe VI, la intención de periodicidad ni la actitud previa de la ministra Montero- para no temer que dicha convocatoria busca, con el pretexto de la colaboración, diluir en la ”unidad” a que se refirió ayer el presidente español el respeto a los acuerdos bilaterales que por ley corresponden a la relación entre Euskadi y el Estado.