l Gobierno Vasco tiene plena legitimidad para satisfacer el derecho que poseen las víctimas de abusos policiales a su reconocimiento y reparación incluso sin que exista sentencia judicial y con todas las garantías, ya que este amparo a los damnificados no supone una invasión de competencias reservadas a la justicia ni vulnera garantías constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta constatación, pese a su aparente obviedad, ha necesitado de seis largos años de batalla política y judicial y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) tras un recurso presentado por Ciudadanos, fallo hecho público el pasado martes y que avala plenamente la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, es decir, la conocida como Ley vasca de abusos policiales. Aunque queda pendiente aún otro fallo también del TC que debe responder a un recurso de inconstitucional contra esta ley presentado por el PP, la similitud de los argumentos esgrimidos por los recurrentes invita a pensar en una resolución en los mismos términos, por lo que el aval a la norma y -lo que es más importante- al derecho de las víctimas resulta incuestionable. Sobre todo, porque el tribunal es contundente en su sentencia al establecer que la ley no pretende -porque no podría- esclarecer posibles delitos, sino “constatar la existencia de víctimas y su eventual derecho a reparación”. Asimismo, el TC despeja todas las posibles dudas jurídicas sobre la competencia de la comisión de valoración contemplada en la ley al determiar que no invade “potestades judiciales” ni investiga los hechos, aspecto que fue especialmente cuidado a la hora de redactar la norma. En consecuencia, esta nueva sentencia del Constitucional supone un varapalo para quienes desde el mismo inicio del proceso para su gestación han tratado de impedir que la ley viera la luz, utilizando para ello premisas y razonamientos falsos con el único objetivo de imposibilitar que víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos por intervención de fuerzas y cuerpos policiales obtengan un mínimo reconocimiento y reparación. Una sentencia, en fin, que ampara a las víctimas y supone un gran paso en materia de memoria y convivencia.
