ás allá de la continua sucesión de despropósitos y rectificaciones por la que han venido discurriendo decisiones y comparecencias del Gobierno presidido por Pedro Sánchez son las decisiones pendientes respecto al proceso que se ha venido a denominar “desescalada” las que deberían ocupar al Ejecutivo, ya que preocupan a los ciudadanos y condicionan su vida y futuro. Sin embargo, de momento, cuando el confinamiento de la población cumple hoy cuarenta días que ya se ha aprobado alargar otros quince, el presidente del Ejecutivo español no se detuvo ayer ante el Congreso en las características de dicho proceso y limitó su discurso a generalidades y decisiones (propias o no) ya conocidas, lo que si no afectó a la aprobación de la prórroga fue más por la responsabilidad de los grupos parlamentarios ajenos al Gobierno que por la capacidad de este para plantear medidas capaces de convocar al acuerdo. Así, todavía hoy, lo más claro respecto a la desescalada ha sido la declaración un día antes de la ministra portavoz sobre la potestad del ministro de Sanidad para intervenir sobre las decisiones que las CCAA, en virtud de su autogobierno, competencia y, sobre todo, conocimiento y cercanía de la situación, pudieran tomar; en una simple cita, además no del todo literal, del art. 7 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Y ni siquiera están claros los parámetros principales de entre aquellos que servirán de guía para la relajación de la ya más que cuarentena. Porque si el primero debe ser, como recomienda la OMS, el índice de incidencia acumulada de covid-19 (número de infectados por cada 100.000 habitantes en 14 días), la situación en Madrid no puede condicionar las decisiones, por ejemplo, en Euskadi, como es evidente que viene sucediendo. Pero tampoco si el criterio sobre el confinamiento viene marcado por el nivel de ocupación de hospitales y UCI, muy diferente y que, además, haría a la responsabilidad de los ciudadanos pagana en idéntico modo de la distinta irresponsabilidad anterior de los diversos gabinetes en la previsión de las necesidades de dotación sanitaria. Cuando por primera vez el Gobierno del Estado aludió a la “desescalada”, se le exigió el rigor y la certidumbre de que había carecido el proceso de implementación de las medidas de confinamiento. Así que tiene razón Sánchez: no estamos en “desescalada”; y la alarma es general.