asta la comparación con el peor dato histórico, enero de 2009 -cuando en plenas consecuencias de la crisis iniciada el año anterior se produjeron 198.838 parados nuevos-, para constatar los dramáticos efectos de la parálisis socioeconómica provocada por el coronavirus en el empleo en todo el Estado. Los 302.265 nuevos desempleados de marzo, más de un tercio más que en aquel nefasto enero de hace 11 años, ni siquiera dan sin embargo toda la medida de la profundidad del problema. Las dos primeras semanas del mes habían sido aún buenas para el empleo y a partir del decreto del estado de alarma por el Gobierno Sánchez, la Seguridad Social perdió 890.822 afiliados que barrían el incremento de 56.843 afiliaciones de la primera mitad del mes. Ello, sin contar los 620.000 trabajadores afectados por los 250.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados y que, sin embargo, siguen cotizando a la Seguridad Social. Euskadi no es una excepción. El porcentaje de incremento del paro es similar (9,3%, 10.974 parados nuevos) aunque existe una diferencia relevante: mientras el descenso de afiliaciones a la Seguridad Social ha sido del 4,3% en el Estado (833.979 afiliados menos en marzo), en Euskadi solo se ha reducido (-5.764) un 0,06%, también sin contar los 144.000 trabajadores acogidos a los ERTE desde el día 14. Son, en todo caso, datos que invitan cuando menos a una doble reflexión. En primer lugar, que Pedro Sánchez debía conocerlos ya antes de cometer la imprudencia de anunciar el pasado sábado una “hibernación” de la economía con la paralización de todos los servicios no esenciales, que luego se vio obligado a matizar ante el rechazo empresarial y de varios gobiernos, entre ellos el presidido por Urkullu, precisamente por las consecuencias socioeconómicas; y que quizá debían haber optado por la prudencia quienes han venido abogando por el cierre de la economía y paradójicamente el incremento de subsidios sociales. En segundo término, que la recuperación económica tras la crisis exige asimismo una responsabilidad empresarial que no se refleja en toda su dimensión en la pérdida de cotizaciones si estas alcanzan el 5% en el regimen general frente al 1,2% del régimen de autónomos, quienes en un inicio iban a ser los grandes perjudicados -de hecho, 1 de cada 7 ha solicitado la prestación por cierre de actividad- de esta ya evidente crisis.
