La rúbrica ayer por el Gobierno Vasco, la patronal Confebask y los sindicatos UGT y CCOO de los acuerdos alcanzados en los cinco ámbitos de trabajo -igualdad de género, salud laboral, calidad del empleo, competitividad y formación profesional- establecidos hace un año tras la aprobación por el Ejecutivo del Decreto 3/2019 de 15 de enero de 2019 de creación de la Mesa de Diálogo Social hace algo más que responder a la definición que de dicho diálogo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el mecanismo idóneo para mejorar las condiciones de vida y empleo. Seis días después de que los dos principales sindicatos vascos, ELA y LAB, ausentes de la Mesa por decisión propia bajo la única explicación de que la misma da cobertura a las políticas de la patronal, llamaran a una huelga general de clara connotación política y dirigida verbalmente contra el Gobierno Urkullu, la Mesa de Diálogo impulsada por este permite visualizar una vía diferente y más acorde con las pretensiones de la mayoría social vasca para alcanzar esos objetivos señalados por la OIT (organización bajo los auspicios de la ONU con dirección compartida por gobiernos, sindicatos y empleadores) como fundamentos de la justicia social. El empleo de la conflictividad laboral, que en otros momentos y en otras condiciones se había constituido en herramienta hasta imprescindible para alcanzar esos fines, no sirve sin embargo a los mismos, es decir, al beneficio de la colectividad, cuando se utiliza por sus impulsores como mecanismo de proselitismo sindical, también político. Siendo cierto que es preciso revertir la reforma laboral, también la resistencia a hacerlo en la patronal, como explicitó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, o que la temporalidad y precariedad en el empleo han vuelto a tener un reflejo relevante en las cifras del paro de enero, no lo es menos que la fallida pretensión de paralizar Euskadi el pasado día 30 no aportó absolutamente ninguna solución a ningún problema. Y es por el contrario constatable que la carencia de efectividad del maximalismo en la reivindicación (frente a la subida aprobada ayer del 2% a los funcionarios, por ejemplo) y de la confrontación que pretenden ELA y LAB contrasta con los acuerdos, incluso si se creen estos insuficientes, que empieza a vehiculizar ese diálogo social al que ambos sindicatos se resisten a sumarse y que, sin embargo, les interpela.