Aprobado el brexit por el Parlamento británico, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, el Reino Unido ha dejado hoy de pertenecer a la UE. Es un decir. Lo que se abre hoy en realidad es el proceso de negociación para determinar el modelo de relación entre el Reino Unido y la UE desde diciembre de este año... Si no se precisa prórroga. Aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, haya explicitado ese límite al proceso, baste como ejemplo que el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA) se negoció durante una década, se aprobó en 2017 y aún no está enteramente en vigor al no haber sido ratificado por todos los países de la UE. Y el modelo de relación a suscribir entre Londres y Bruselas también deberá ser ratificado por los respectivos parlamentos y estados miembro y estará más cerca del acuerdo con Canadá que del Espacio Económico Europeo que la UE comparte con Islandia, Noruega o Liechtenstein e incluso que de la Asociación Europea de Libre Comercio que mantiene con Suiza. Es decir, un acuerdo de acceso al Mercado Único Europeo sin aranceles o con estos reducidos para bienes pero sin acceso pleno al mercado de servicios. Y no hay que olvidar que si el mercado europeo supone el 47% de las exportaciones de productos británicos, ese porcentaje se eleva al 49% en servicios, que suponen tres cuartas partes del PIB de la islas. Así que no es de extrañar que el propio Banco de Inglaterra situará el coste del brexit que se culmina -¿o se inicia?- hoy en al menos el 2,5% del PIB y, por tanto, que la absoluta rigidez que Johnson pretende de los plazos se acabe relajando por la complejidad del proceso... Y el permiso de la mayoría absoluta que le respalda en Westminster. No es precisamente la UE quien tiene más que perder en la factura del brexit (más allá de los 45.000 millones de euros a abonar por Londres) y con una relación más laxa que la muy peculiar pertenencia que ha mantenido hasta ahora el Reino Unido, desde hoy un “tercer país” o MFN (nación más favorecida, según la OMC)... Sin menospreciar las consecuencias -Escocia e Irlanda- en la política interna de Gran Bretaña. También porque una vez consumada la salida, la Comisión que preside Ursula Von der Leyen y Michel Barnier como negociador están obligados a que el acuerdo -comercial, pero también fiscal, social, medioambiental y de seguridad- cierre la puerta y permita definir en adelante otra Unión Europea.