Repsol recurrirá la multa de 20,5 millones de Competencia y la prohibición a varias de sus empresas de optar a contratos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol y les ha prohibido participar en contratos públicos, según ha informado este martes el organismo presidido por Cani Fernández.

En concreto, Competencia ha sancionado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial "de estrechamiento de márgenes abusivo", en perjuicio de las estaciones de servicio independientes que compiten con las de Repsol.

Durante el periodo sancionado, Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio a escala nacional. "El derecho de la competencia exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia", ha añadido la CNMC.

El estrechamiento de márgenes comerciales, tal y como ha explicado Competencia, es una "conducta prohibida" para las empresas en posición de dominio por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En este caso, ha afectado a la venta de gasóleo A (GOA) a estaciones de servicio rivales, que luego suministran este combustible a clientes profesionales, principalmente a transportistas.

A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras haber recibido diversas denuncias de asociaciones del sector, mientras que en diciembre de 2023, inició un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.   

Estrategia comercial

La CNMC ha acreditado que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron una estrategia "incompatible" con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores --estaciones de servicio independientes o de bajo coste--, y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.

En concreto, esto consistió en incrementar de forma "generalizada" aguas arriba el precio de venta mayorista de combustibles a las estaciones de servicio independientes.

Y, al mismo tiempo, en aplicar aguas abajo en las gasolineras de la red de Repsol para los clientes profesionales que repostasen gasóleo (GOA) una campaña de descuentos adicionales al descuento de 5 céntimos por litro que la empresa podía establecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno.

Todo ello derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes, llevada a cabo entre abril y diciembre de 2022, que coincidió con subidas en el precio de los carburantes por la invasión de Ucrania por Rusia. Estas afectaron especialmente al GOA, cuyo precio, durante seis meses de 2022, superó por primera vez al de la gasolina en el Estado español.

De esta forma, determinadas estaciones de servicio independientes redujeron "drásticamente" su volumen de ventas de combustible GOA a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta, según la CNMC, es "especialmente grave" porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.   

Sanción y prohibición de contratar

Por todo ello, la CNMC ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros, de cuyo pago responderán solidariamente Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio y, solidariamente, a las matrices Repsol Customer Centric y Repsol, por una infracción "muy grave" del artículo 62.4.b) de la LDC. Asimismo, RSE, Campsa y Solred tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción 'Gasóleo A' por un periodo de seis meses.

Repsol recurrirá

Tras hacerse pública la sanción, Repsol ha rechazado "de forma tajante" la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que se apoya "en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022", marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia, y ha afirmado que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer "valer todos estos argumentos en su impugnación".

La CNMC anunció este martes esta sanción a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial "de estrechamiento de márgenes abusivo", en perjuicio de las estaciones de servicio independientes -las denominadas 'low cost'- que compiten con las de la primera petrolera del país.

Relato "parcial y descontextualizado"

En un comunicado, la energética considera que la decisión de la CNMC no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado y defendió que actuó "con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria".

Así, aseguró que se trata de la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, "en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado".

A este respecto, advirtió de que "sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras", recordando que los descuentos minoristas "fueron exigidos" por el Real Decreto-ley 6/2022, "cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022".  

Infla la cuota de mercado

Igualmente, el grupo dirigido por Josu Jon Imaz califica la resolución de la CNMC de "arbitraria" y denuncia que el regulador "infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes",

"Nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado aunara el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022, existiendo numerosos competidores en este mercado. empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales", añade al respecto.

Además, la compañía afirma que durante todo el procedimiento ha acreditado que, durante ese periodo, no hubo ningún efecto en el mercado, sin la exclusión de competidores ni dependencia real.

Sesgo

En este sentido, señala que la decisión de la CNMC identifica tan solo doce estaciones de servicio de tres competidores en cuatro entornos locales seleccionados arbitrariamente por el regulador, "que no acredita exclusión real ni potencial", y que tampoco se acredita ninguna salida del mercado de ningún competidor por la supuesta conducta ni a nivel nacional ni en los propios entornos seleccionados.

"De las tres empresas afectadas -Andamur, Arria y AS24-, una de ellas (AS24) expresamente ha reconocido que no ha sufrido ningún pinzamiento mediante un escrito aportado a la CNMC, que el organismo regulador ha ignorado", indica.

Por otra parte, Repsol lamenta que la CNMC esté "más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores" y muestra su sorpresa por el hecho de que esta decisión se dé "en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales".

Igualmente, considera "sorprendente" que no haya ninguna referencia al fraude en el expediente, pese a las dos denuncias presentadas por Repsol, sin que se haya tenido noticia alguna sobre las mismas, ya que en la distribución mayorista de carburante es indiscutible el incumplimiento masivo de las obligaciones regulatorias y fiscales, así como su afectación a la competencia.