La Comisión Europea ha propuesto rectificar el veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2 fijado para 2035, dentro de un paquete de medidas para aliviar a la industria del automóvil ante la ralentización de la demanda de eléctricos, la creciente competencia china y los aranceles de Estados Unidos.
El Ejecutivo comunitario planteó que se introduzcan flexibilidades en los objetivos de emisiones, de modo que hasta un 10 % del volumen de CO2 conjunto de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor.
Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes deberán ganar "créditos", obtenidos mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y combustibles sintéticos (efuels). Bruselas también avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador puedan seguir comercializándose a partir de 2035.
El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné, afirmó que se respeta el principio de neutralidad tecnológica y que confían en la industria para proponer soluciones que permitan la descarbonización.
La rectificación, que deberá negociarse con el Parlamento Europeo y los Estados miembros (Consejo de la UE), se alinea con las demandas de la industria del motor y de países como Alemania o Italia, aunque se aleja de la postura de España, que defiende mantener el veto en 2035.
Esta medida llega un año después de que Bruselas concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones previstas para 2025. La Comisión aplicará la misma fórmula para el período 2030-2032 y revisará la legislación para comprobar si se han alcanzado los objetivos. Según Séjourné, la electrificación del parqué sigue siendo el motor principal de la transformación de la flota europea, aunque la industria enfrenta tres desafíos: crisis de la demanda, retraso tecnológico y competencia internacional a veces desleal.
El cambio en las exigencias climáticas incluye medidas adicionales para relanzar el sector y se integra en una estrategia más amplia de la Comisión para suavizar y simplificar la normativa medioambiental, evitando que se afecte la competitividad económica de la UE.
La propuesta también revisa la reducción de emisiones para furgonetas, que en 2030 deberán recortar CO2 un 40 % respecto a 2021, y ofrece márgenes de flexibilidad para camiones. Además, se plantea una directiva sobre flotas profesionales para fomentar la demanda de vehículos de bajas y cero emisiones, con objetivos específicos para las flotas de empresa, que representan el 60 % de las compras de automóviles nuevos en la UE.
Busca generar un mercado de segunda mano de eléctricos
Esta iniciativa también busca generar un mercado de segunda mano de eléctricos e introduce objetivos legalmente vinculantes para los Estados miembros, aplicables a empresas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación.
La Comisión impulsa el desarrollo de pequeños coches eléctricos asequibles producidos en Europa, creando una subcategoría regulatoria con menores cargas normativas e incentivos específicos. Estos vehículos, de máximo 4,2 metros y similares a los "kei" japoneses, contarán con permisos especiales de aparcamiento, exenciones en peajes y estarán exentos de nuevas exigencias de seguridad y sostenibilidad durante diez años para abaratar su producción.
Si se fabrican en Europa, sus ventas se ponderarán para que reduzcan más CO2 de la flota, y se propondrán primas para su compra, programas de retirada de antiguos vehículos y tarifas de recarga reducidas. Además, se exigirá contenido local en los vehículos que reciban apoyo público, especialmente en flotas profesionales y la cadena de valor de las baterías, para sostener la producción industrial europea y reducir la dependencia de terceros países.
Por último, la Comisión Europea presentó un plan de 1.800 millones de euros para apoyar la industria europea de baterías eléctricas, con financiación, acceso a materias primas críticas, requisitos de contenido europeo y refuerzo de la investigación, con el objetivo de reducir la dependencia de China. Además, la Comisión prevé ahorrar a la industria 700 millones de euros al año mediante la simplificación de la burocracia.
