El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo en funciones, Javier Hurtado, ha defendido la implantación en Euskadi de una tasa turística "finalista" y de carácter "progresivo", según el tipo de alojamiento y el tiempo de estancia
Esta tasa, ha añadido, sería un "impuesto en positivo", no para poner coto al turismo, la recaudarían los establecimientos e iría destinado al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos.
Viviendas y tasas turísticas
Hurtado ha participado este sábado en un foro organizado por el PSOE de Cantabria sobre sostenibilidad turística en el que se ha puesto de manifiesto que para este partido las viviendas turísticas y las tasas turísticas representan algunos de los principales retos de futuro para un sector sostenible y compatible con la protección medioambiental.
Así lo han puesto de manifiesto en Santillana del Mar Hurtado y la viceconsejera de Turismo de Asturias, Lara Martínez, junto al secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, quien ha asegurado que la región "necesita regular la vivienda turística y localizar las zonas tensionadas para moderar el alza de precios del alquiler de larga duración y evitar el colapso del modelo turístico".
Del mismo modo, Hurtado ha recordado que Euskadi tiene reguladas a través de un decreto las viviendas turísticas que contempla la declaración responsable y se ha mostrado orgulloso de ser la comunidad con menos alojamientos de este tipo.
Regulación del turismo
Zuloaga también ha anunciado que su partido pedirá que se cree una comisión en el Parlamento de Cantabria específica sobre la sostenibilidad del turismo, y que ofrezca a la región "un marco legal para la posible implantación de una ecotasa turística o un nuevo decreto regulador de autocaravanas".
La viceconsejera de Turismo de Asturias también ha incidido en la necesidad de controlar el crecimiento de las viviendas turísticas, que según un estudio de la Universidad de Oviedo se incrementan cada año en algo más de 600 en la región, y que la comunidad autónoma tiene reguladas desde 2016.
Lara Martínez ha señalado que tras ese estudio y un análisis interno se decidió actualizar el decreto que regula ese tipo de viviendas con medidas como exigir la autorización de las comunidades de propietarios donde están radicadas o un régimen de sanciones con multas de hasta 600.000 euros para los casos más graves, porque, según ha defendido, a algunos propietarios les sale "muy barato" ser ilegales. "El reto tiene que ver con el futuro de las ciudades y los pueblos y con el mantenimiento de la identidad propia", ha concluido Martínez.
