Iberdrola y el Banco Mundial, a través de su brazo de inversión en el sector privado -Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés)- han firmado un préstamo ligado a criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) de 300 millones de euros para proyectos renovables en países dependientes de los combustibles fósiles, como el carbón, entre ellos, Marruecos, Polonia y Vietnam, informó la compañía.

En concreto, del importe acordado, 170 millones de euros tendrán por destino la financiación de proyectos de energía eólica terrestre en Polonia.

Además, ambas instituciones continúan analizando opciones de colaboración para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de energías limpias innovadoras en países emergentes, como generación eólica marina e hidrógeno verde.

Esta nueva operación entre Iberdrola y el Banco Mundial se enmarca en la alianza firmada en mayo del año pasado para fomentar la transición energética en países emergentes.

Entonces se formalizó un préstamo verde y vinculado a objetivos de sostenibilidad de 150 millones de dólares (unos 136 millones de euros) para financiar mejoras de digitalización y eficiencia energética en las redes de distribución eléctrica operadas por la filial brasileña de Iberdrola. Antes, en 2022, IFC ya había concedido a Neoenergia un préstamo por 115 millones de dólares (unos 105 millones de euros).

El actual préstamo está sujeto al cumplimiento de dos objetivos ESG estratégicos para el grupo, como es la reducción de las emisiones absolutas, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero de la empresa en más de un 60% para 2030 respecto a la línea base de 2020, incluidos los alcances 1, 2 y 3, procedentes de las operaciones de la compañía, de los clientes y de las cadenas de suministro; así como más que duplicar la capacidad instalada de Iberdrola para 2030, que a cierre del tercer trimestre de 2023 superaba los 41.000 megavatios (MW) limpios.   

SEGUIR CONTRIBUYENDO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El director de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de Iberdrola, José Sainz Armada, destacó que este préstamo permitirá que la energética "continúe contribuyendo a la transición energética, la descarbonización y la electrificación de países en desarrollo, todavía muy dependientes de los combustibles fósiles". "Además, consolida a IFC como uno de nuestros grandes aliados en la financiación de proyectos renovables", añadió.

"Este préstamo es un paso significativo en la Alianza para la Transición Energética global IFC-Iberdrola, que tiene como objetivo apoyar la expansión y la reentrada de Iberdrola en los mercados emergentes que necesitan descarbonizar su matriz energética", subrayó el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de IFC, Alfonso García Mora.

"Esperamos asociarnos con Iberdrola en proyectos que puedan acelerar una transición justa y equitativa hacia un futuro energético bajo en carbono y sostenible en los mercados en desarrollo y emergentes", añadió al respecto.

Iberdrola firmó el pasado diciembre la mayor línea de crédito de su historia por 5.300 millones de euros con 33 bancos a precios similares a los de 2019 y con un coste vinculado al cumplimiento de una serie de objetivos ESG.  La relación de IFC con Iberdrola se remonta a 1998 con la financiación a las filiales de Iberdrola en Bolivia.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán se ha consolidado como referente global en financiación sostenible, al ser el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes, después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características. En la actualidad, el grupo cuenta con casi 20.000 millones de euros de bonos verdes vivos.

Por su parte, IFC, con rating crediticio 'AAA', es el brazo del Grupo Banco Mundial que financia al sector privado en más de 100 países emergentes, con el objetivo de que mejoren sus propios sectores privados invirtiendo en compañías a través de préstamos, capital y garantías.

El organismo comprometió el año pasado un récord de 43.700 millones de dólares (40.000 millones de euros) destinados a empresas privadas e instituciones financieras de países en desarrollo.