El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana, durante la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, la extensión de la rebaja -que caducaba el 31 diciembre- del Impuesto sobre el Valor Añadido de los alimentos básicos hasta junio de 2024. Se trata, en concreto, de la continuidad de la supresión del IVA del 4% en productos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso y huevos, entre otros), una eliminación tributaria que entró en vigor en enero del año pasado y que, en principio, solo iba a estar en vigor hasta mediados del año pasado. La de esta semana es, pues, la segunda prórroga. Sin embargo, a pesar de los datos, persisten las dudas sobre si estas rebajas están teniendo un efecto final positivo en la factura que los ciudadanos abonan por su cesta de la compra, que sigue instalada en niveles muy elevados.
Según los datos mensuales del IPC dados a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, el precio de los alimentos moderó en octubre el avance de su tasa interanual un punto, hasta el 9,5%. Esto significa que bajan del 10% por primera vez en año y medio. El INE se esforzó en poner el acento en que los precios de legumbres y hortalizas, leche, huevos y queso, y carne y frutas han subido menos en comparación con octubre del año pasado, cuando todavía estaban presentes los rescoldos de la altísima inflación que marcó el verano de 2022. No obstante, eso constituye un escaso consuelo para muchas familias. Basta un repaso a la evolución de los alimentos para comprobar los estragos que la inflación está haciendo en las cuentas de muchas economías domésticas: en un año, el precio de la carne de cerdo ha subido un 13,8%; la leche un 10,4%; los cereales, un 8,3%, la carna de vaca, un 6,2%; el pescado fresco, un 6,9%; las patatas, un 12%; los huevos, un 9,3%, las frutas, un 8,8%, y el pan, un 4,1%.
Aunque la inflación empezó a golpear con fuerza tras la invasión rusa de Ucrania, lo cierto es que meses antes ya llevaba dando avisos de descontrol. La reactivación de la economía disparó la demanda en muchos apartados del consumo. Y los alimentos no han sido una excepción. Las causas son múltiples. “Ha habido una conjunción de factores: problemas de producción por alteraciones climáticas en algunos grandes productores globales, aumento acelerado del consumo y problemas en algunas de cadenas de suministro tras la pandemia, subidas de precios del petróleo y el gas derivados de la guerra de Ucrania, y consiguiente aumento de los costes energéticos y de los fertilizantes”, explica Eduardo Malagón, profesor de Economía de la UPV-EHU en el campus de Donostia y experto en los mercados alimentarios.
Un futuro con alimentos más baratos, “improbable”
A juicio del profesor Eduardo Malagón, el futuro del mercado alimentario ya está cambiando y lo va a seguir haciendo en los próximos años. “Es improbable que los precios de los alimentos se abaraten”, resume este docente.
En su opinión, “cuando el último eslabón de la cadena agroalimentaria es un pequeño productor sin poder alguno sobre el mercado, con márgenes muy reducidos y sometido a costes crecientes de producción y obligado a aceptar los precios que le imponen la industria y la gran distribución, el aumento de precios es una cuestión de supervivencia”. Malagón pone como ejemplo la situación del sector lácteo: “en algunos sectores, como la leche, la gran distribución ha tenido que aceptar el aumento de los precios con los que retribuía a los ganaderos, porque si no condenaba a la invisibilidad a multitud de explotaciones, con lo que a medio plazo podrían tener problemas de abastecimiento, que en algunos casos se ha visto tensionado. El aumento de los requisitos ambientales por parte de la Unión Europea es probable que también se traduzca en un aumento de los costes de las explotaciones agrarias y de las pymes alimentarias, con lo que es improbable que el precio de los alimentos se reduzca en el corto o medio plazo”, explica Malagón, sin olvidar que “es previsible que mayores alteraciones climáticas afecten también a la producción”.
Mientras, crece la presión sobre el Gobierno central para que retire otras medidas destinadas a combatir la inflación, ya que a largo plazo pueden elevar el déficit público y ser contraproducentes para cumplir los objetivos presupuestarios pactados con Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea ya ha indicado al Ejecutivo su preferencia por medidas específicas para los colectivos más necesitados, en lugar de las de aplicación general. En este sentido, Sánchez evitó en su discurso comprometerse con la extensión de la llamada’ excepción ibérica’ en la electricidad y la reducción del IVA en la luz y el gas. Se trata de dos mecanismos que Bruselas quiere que se retiren una vez caduque su vigencia, a fin de año, puesto que cree que no se da el estado de emergencia que los justificaba.
El decreto-ley de diciembre de 2022 en el que se validaba la rebaja del IVA proclamaba que la reducción del tipo impositivo “beneficiará íntegramente al consumidor” y sin que, por tanto, el importe de esa bajada del impuesto pueda dedicarse “total o parcialmente” a incrementar el margen de beneficio empresarial “con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos”. Eso es lo que recoge la norma, pero la organización Facua-Consumidores en Acción ha destacado, en un reciente informe, que más de la mitad de casi 1.000 productos analizados en las estanterías de las ocho principales cadenas de distribución y supermercados en España “han subido ya su precio con respecto al que tenían a principios de año una vez aplicada la norma”.
A juicio de Facua, los incrementos de costes que esgrimen las grandes cadena no justifican los aumentos en los precios finales. Según el informe de la organización de defensa de los consumidores, de los 505 precios en los que Facua ha detectado una subida en su comparativa, “153 se corresponden a a frutas y verduras (30,2%), 103 son aceites de oliva (20,3%) y 73 son leches y lácteos (14,4%)”. Además, se han localizado 72 incrementos de precios entre arroces y pastas (14,2%) y 47 entre las legumbres (9,3%), mientras que las 57 subidas restantes se corresponden a huevos, harinas y panes. Según Facua, mientras que en los primeros meses del año los aumentos fueron más comedidos, a partir de abril no bajan del 40%.
Ante esta situación, encontrar un equilibrio que satisfaga a todas las partes no parece sencillo. “Es un reto social que la necesaria sostenibilidad y alineamiento del sector agroalimentario con los retos ambientales y climáticos no recaiga en los bolsillos de las personas más necesitadas. Eso ha de pasar por una reorganización de las relaciones dentro de la cadena, que permita a todos los consumidores obtener alimentos sanos y de calidad a precios justos, tanto para productores como para consumidores”, explica el profesor de la UPV-EHU. No obstante, Malagón - que se encuentra actualmente realizando una estancia académica en Países Bajos-, cree que en “el ámbito de la eficiencia hay bastante por hacer” y pone como ejemplo los precios en los Países Bajos. “Hay fruta y verdura española, a precios muy poco más caros que en España. Las cadenas españolas dicen tener márgenes muy pequeños, pero...¿ la gran distribución neerlandesa los tiene aún menores?”, se pregunta.
