El pacto de investidura firmado entre el PSOE y el PNV garantiza la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, además de facultar a la CAV y Navarra para consensuar las tasas de reposición y retribuciones en sus ofertas públicas de empleo a través del Concierto Económico y del Convenio navarro, lo que dota a los gobiernos autonómicos de mayores competencias en el ámbito laboral.
La prelación de los convenios vascos es una reivindicación reiterada por el PNV y el motivo por el que no apoyó la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, dado que este punto no estaba incluido. En el pacto de investidura, sin embargo, se recoge explícitamente la reforma del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que los convenios autonómicos estarán por encima de los estatales, y además se establece un plazo de seis meses para hacer efectivo este compromiso.
La jornada máxima anual o la movilidad geográfica serán materias no negociables
En el texto se fija que sindicatos y asociaciones empresariales podrán llegar a acuerdos en la comunidad autónoma que, si cuentan con el pertinente respaldo, se aplicarán de forma prioritaria frente a los del ámbito estatal y establecerán una regulación más favorable para los trabajadores.
En cualquier caso, cita las materias que no serán negociables a nivel autonómico que son el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las nomas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
El pacto de investidura que firmado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez también faculta a partir del 1 de enero del próximo año a la CAV y Navarra a consensuar las tasas de reposición del funcionariado de estas comunidades. Así, los legislativos vasco y navarro podrán, a través del Concierto y el Convenio, establecer en las ofertas de empleo público las nuevas plazas en los sectores, funciones y categorías que, matiza el acuerdo, “se consideren absolutamente prioritarios”.
Del mismo modo, tendrán competencia para situar el máximo que se incrementarán los sueldos de los funcionarios públicos. En este punto también se incluye como matiz que estos aumentos salariales se producirán siempre y cuando se garantice “el equilibrio y la senda de estabilidad presupuestaria”.
REACCIONES
El compromiso del Gobierno central de respetar la prevalencia de los convenios vascos ha sido valorado por ELA y CCOO, que en sendos comunicados ha mostrado su respaldo a este acuerdo.
ELA, sin embargo, ha expresado cautela al advertir de que la reforma del Estatuto de los Trabajadores debe validarse en el Congreso español, “y de momento no se conoce la posición del resto de socios de Gobierno”, lo que en su opinión crea incertidumbre.
"No hay garantía de que se pueda negociar en la CAV y Navarra la tasa de reposición y las retribuciones"
Respecto a las tasas de reposición y sueldos del funcionariado, el sindicato de Mitxel Lakuntza se ha mostrado más crítico al considerar que lo pactado carece de garantías para que “estas condiciones puedan negociarse” en la CAV y Navarra.
CCOO, por su parte, ha recordado que si bien la prelación de los convenios vascos hasta ahora no se había logrado con seguridad jurídica, sí se reconocía “de facto” en el acuerdo interprofesional alcanzado en 2017 entre Confebask y los sindicatos mayoritarios de Euskadi. La consejera vasca de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, también se felicitó por el pacto de investidura.
