El déficit público cerró mayo en 17.414 millones de euros, una cifra que equivale al 1,24 % del PIB y que es un 17,8 % inferior a la de los cinco primeros meses de 2022, según los datos distribuidos este lunes por el Ministerio de Hacienda.
Los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas -salvo las corporaciones locales- hasta mayo muestran una corrección que se produce gracias al fuerte aumento de los ingresos, del 9,7 %, y a pesar de que los gastos crecieron un 7 %.
La administración central acumulaba al cierre de mayo un déficit de 10.373 millones (el 0,74 % del PIB), un 40,3 % menos que en 2022 gracias a la recaudación tributaria, que se ha visto impulsada por la implementación de los nuevos impuestos a los envases de plástico, bancos y energéticas.
En cambio, las comunidades autónomas duplicaron su déficit, hasta alcanzar los 6.193 millones (0,44 % del PIB), debido al efecto contable derivado de la transferencia de más de 3.000 millones realizada por el Estado en 2022 para compensar a las regiones por el cambio del sistema de IVA en 2017.
Al cierre de mayo, solo Asturias y Euskadi mantenían superávit -del 0,14 % y 0,05 % su PIB, respectivamente-, mientras que el déficit más abultado se concentraba en Baleares (1,52 % de su PIB) y Valencia (1,32 %).
Por lo que respecta a los fondos de la Seguridad Social, redujeron en un 25,5 % el déficit, para situarlo en 848 millones (el 0,06 % del PIB) gracias al aumento de los ingresos por cotizaciones sociales.
EL DÉFICIT DEL ESTADO SE REDUCE UN 6,6 % EN EL PRIMER SEMESTRE
Hacienda también ha avanzado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta junio, un periodo en el que el déficit de este subsector se situó en 24.090 millones de euros, un 6,6 % menos que en el primer semestre de 2022 y equivalente al 1,71 % del PIB.
Esta corrección se ha producido gracias a que el aumento de los ingresos -122.192 millones, un 7,9 % más- fue más intenso que el de los gastos -146.282 millones, un 5,2 % más-.
El crecimiento de los ingresos se produjo por la buena marcha de la recaudación tributaria -101.692 millones, un 5,5 % más-, impulsada por los nuevos impuestos sobre los plásticos de un solo uso, la banca y las energéticas (que aportan 1.685 millones) y la modificación del sistema de consolidación fiscal en el impuesto de sociedades (que suma 232 millones).
Este factor, unido al aumento de los beneficios empresariales, disparó la recaudación del impuesto de sociedades en un 14,4 %, mientras que los ingresos del IRPF crecieron un 6,1 % y los del IVA se mantuvieron estables.
En el lado de los gastos, aumentaron un 9,5 % las transferencias entre administraciones públicas, debido tanto a las mayores recursos entregados a la Seguridad Social como a la dotación a las comunidades autónomas para compensar el saldo negativo de 2020.
Aumentó también el gasto en consumos intermedios (en un 16 %, principalmente por los 425 millones del programa de elecciones y partidos políticos), intereses (un 1,5 %) y la remuneración de asalariados (un 3,6 %).
