Cada administración negociará con los sindicatos el concurso de los interinos

La norma está provista de una serie de condiciones que limitan su recorrido. No será una puerta abierta para que todo el personal temporal de la administración se convierta en funcionario. Es más, el cribado dejará a la mayoría fuera porque no es habitual que se cumpla la premisa básica: que el candidato haya ocupado la misma plaza durante al menos cinco años consecutivos.

Es pronto para entrar en cifras. Quedan cuestiones por aclarar y la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, pidió ayer tiempo para que su Departamento haga una “lectura pausada”. A falta de conocer los “detalles”, Garamendi aseguró en los pasillos del Parlamento que si las claves que han trascendido hasta ahora “son así” el acuerdo afectaría “a miles” de personas en Euskadi.

Según los cálculos que maneja el Gobierno, que también son buenos para el sindicato de la administración Interinok Taldea, en Euskadi hay unos 58.700 trabajadores públicos temporales. ELA eleva el listón hasta los 70.000, pero no hay datos oficiales por la complejidad del entramado, conformado por el Ejecutivo, las diputaciones y los ayuntamientos. Así que calcular en estos momentos cuántos de esos interinos han ocupado la misma plaza los últimos cinco años es poco menos que una gesta.

Cada administración tendrá que realizar un listado de los posibles candidatos y aprobar una regulación interna propia de encaje de la norma del Estado, que es solo un marco general.

El Gobierno vasco aprobó la Ley de Cuerpos y Escalas -que entre otras cuestiones regula el acceso laboral al sector público- horas antes del anuncio del acuerdo en Madrid. Finalmente, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu renunció a incluir en el texto la posibilidad de que la Administración Pública de Euskadi pueda organizar convocatorias de empleo específicas para interinos con larga experiencia. El motivo no es otro que se prefirió esperar a conocer el enfoque en esta materia en la norma estatal que se está negociando en Madrid.

De hecho, la ley vasca establece la posibilidad de realizar “con carácter excepcional procesos especiales de consolidación de empleo” para el acceso a la función pública vasca y a través del sistema de concurso, pero siempre en el marco de lo que disponga la normativa estatal.

El acuerdo alcanzado el jueves por PNV, ERC, PSOE y Podemos marca un rumbo claro. Se convocarán por el sistema de concurso de méritos “aquellas plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016”, más de cinco años a contar desde finales de 2020.

El Gobierno español había pactado inicialmente que los interinos que llevaran más de diez años ocupando una plaza estructural podrían adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.

Desde los sindicatos, CCOO y CSIF reclamaron a los grupos parlamentarios “seguridad jurídica” para evitar que los tribunales “tumben los procesos selectivos”. UGT evitó hacer una valoración antes de analizar el texto. Todas las comunidades en las que el PP está en el poder -Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía- mostraron su rechazo. Todo lo contrario ocurrió con las socialistas y salvo Extremadura y Baleares -que no se pronunciarán hasta conocer los detalles-, aplaudieron el acuerdo.

Mientras, continúa la tramitación de la ley estatal, con la que se pretende reducir al 8% la temporalidad en el sector público donde ahora supera el 30%, y que conlleva un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024. Y una de las líneas de trabajo es la de los interinos.

“No conozco los detalles del acuerdo y quiero hacer una lectura pausada, pero si fuera así, afectaría a miles de vascos”

Consejera de Gobernanza Pública