- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, movió ayer ficha en el complejo tablero de la energía y lo hizo elevando la apuesta. La eléctrica vasca se comprometió a no variar los precios del suministro de la industria si el Gobierno español retira de la partida que se está jugando desde hace semanas el decreto que recorta los beneficios extraordinarios del sector y “tributos lesivos” como la tasa a las renovables.
El lunes pasado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en Bilbao a escasos 30 metros de la Torre Iberdrola que estaba en marcha una negociación entre la compañía vizcaína y las empresas electrointensivas y que los primeros acuerdos llegarían en breve. Sin embargo, de las palabras de Galán cabe interpretar que ese diálogo no llegará a buen puerto si el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su apuesta por el decreto que fue aprobado la semana pasada y cuya actuación más efectista es limitar los beneficios por bajas emisiones de CO2 de los productores de energía.
“Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país”, señaló al respecto el presidente de Iberdrola en una nota de prensa. Además, aseguró que “las inversiones de Iberdrola en el exterior están beneficiando a la industria vasca”.
En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros. “Iberdrola siempre apostará por la industria española”, remarcó Galán. Por ello, la energética estima que “ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores: el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información”.
Por ello, Iberdrola anuncia que, en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, “pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios”.
De este modo, Iberdrola renovará los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. La primera compañía energética española y segunda del mundo dice que asumirá ese esfuerzo “en la medida de sus posibilidades, siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables”.
Iberdrola recuerda que ya aporta 3.700 millones de euros en impuestos, genera 85.000 puestos de trabajo en España y contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, además de tener previsto invertir 150.000 millones de euros hasta 2030 para la descarbonización de España.
La tasa sobre las energías no emisoras del Real Decreto Ley 17 de 14 de septiembre está suponiendo un “grave perjuicio” de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas, según los cálculos de la compañía. En este sentido, indica que la Comisión Europea señaló el “error” cometido por parte de una regulación “lesiva” por falta de información del Gobierno de España. La ministra de Transición Ecológica, por su parte, reconoció a Reuters que harían lo que señalara la Comisión.
“Iberdrola siempre estará del lado de la industria de nuestro país”, ha señalado el presidente de Iberdrola. Por eso, la compañía considera que el Gobierno no debe introducir tributos que dañen “nuestra renta disponible como ciudadanos o nuestra capacidad inversora como empresas”. En ese punto, Iberdrola se muestra favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el Real Decreto y en la Ley para que esto sea así, incluida su retirada. “Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios”, señala Iberdrola.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó ayer -a su llegada a la cumbre de líderes de la UE- más ambición a los Veintisiete para frenar el alza de los precios de la energía, un asunto que, avisó, puede terminar afectando a la competitividad de la economía europea. La Comisión Europea ya presentó una serie de medidas para, a nivel de cada Estado, tratar de aliviar a corto plazo el incremento de los precios, pero las reformas de calado sobre el funcionamiento del mercado energético se dejaron para una reflexión a largo plazo.
3.700
Iberdrola recordó ayer que aporta más de 3.700 millones en impuestos a las arcas públicas en el Estado.
El presidente de Iberdrola mostró ayer su cercanía con la industria, pero lamentó el marco regulatorio en el Estado. Así destacó que Bruselas ha calificado de “error” los últimos movimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Más derechos de CO2. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, considera que “no es de recibo” que haya industrias que tengan que “parar porque no pueden abordar los costes energéticos”. Además, pidió ayer en Zamudio durante su intervención en la conferencia de parque tecnológicos a las instituciones europeas que, de forma inmediata, pongan más derechos de CO2 en el mercado, lo que tendría un “efecto inmediato” sobre los recibos eléctricos de los consumidores y sobre la competitividad de la industria.
