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La adaptación de las empresas ante ‘ley Rider’ despierta suspicacias

La norma en vigor mañana bajo la premisa de dejar de utilizar autónomos como repartidores

La adaptación de las empresas ante ‘ley Rider’ despierta suspicacias

- Las empresas de reparto a domicilio se preparan para adaptarse a la ley Rider, que entra en vigor mañana bajo la premisa de obligarlas a dejar de utilizar autónomos como repartidores y que pasen a ser asalariados, aunque las diferentes fórmulas planteadas por los operadores suscitan dudas en el plano legal.

La primera en comunicar su propuesta fue Glovo, que a finales de julio informó de que prevé mantener a cerca de un 80% de sus repartidores actuales en el Estado como autónomos bajo un nuevo modelo de relación que, en su opinión, se ajusta a la normativa. Sus planes incluyen en una primera fase la contratación directa como empleados de 2.000 repartidores antes de finalizar 2021, lo que equivale a cerca de un 20% del total. La firma defiende que bajo ese nuevo modelo con el que operará, el 80% de su flota podrá justificar que no existe dependencia laboral y que se cumplen con todos los criterios recogidos en la ley a la hora de definir el trabajo autónomo.

También a finales de julio, Deliveroo anunció su intención de cerrar su actividad en el Estado con la apertura de un proceso de despido colectivo que afectará a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores; a estos últimos, la compañía pretende darles de alta en la Seguridad Social. No obstante, por el momento se desconocen detalles relevantes, como la fecha en la que darán de alta a sus repartidores, clave para calcular la indemnización a cobrar.

Ubereats, por su parte, ya ha enviado un mensaje a sus repartidores en el que les informa de que no adjudicará pedidos a aquellos que sigan siendo autónomos y de momento utilizará a terceros para subcontratar a los repartidores. Mientras, Just Eat ya negocia con CCOO y UGT un convenio laboral para sus repartidores.

Las soluciones ideadas por las plataformas despiertan suspicacias entre asociaciones de repartidores, que ya advierten de que la subcontratación de sus servicios a través de terceros puede suponer una “cesión ilegal de trabajadores”. El portavoz del movimiento Repartidores Unidos, Gustavo Gaviria, ha lamentado los “contratos temporales y precarios” que están ofreciendo las plataformas que optan por convertirles en asalariados, y el representante de Riders x Derechos Daniel Gutiérrez ha insistido en que la subcontratación se limita legalmente “a momentos puntuales y no de forma estructural”, e incluso ya existen “denuncias” al respecto.