- El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el martes el anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral.

La norma, que parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y es fruto del acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, es la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia.

La reforma, que se prevé que entre en vigor en 2022, tras su paso por las Cortes, suprimirá los aspectos más polémicos de la reforma de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Aunque la sustitución de este último forma parte de la segunda pata de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar el nuevo mecanismo, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda. Si no se alcanza un acuerdo en el marco del diálogo social, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de entrada en vigor de la reforma.

Con esta reforma se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ya que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la fijación de un mecanismo estable de revalorización, por el que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Además, si el dato es negativo, no habrá modificaciones en las pensiones.

En el texto también se establece una evaluación periódica cada cinco años en el marco del diálogo social de este nuevo mecanismo de revalorización. El impacto financiero de esta medida será de 2,5 puntos del PIB entre 2048 y 2050.