El recorte del 21% por anticipar la jubilación se aplicará a partir de 2024

El Gobierno español alcanza un acuerdo con los agentes sociales para el primer paquete de la reforma de pensiones

29.06.2021 | 00:44
Manifestación ayer de los pensionistas alaveses. Foto: Alex Larretxi

madrid – El Gobierno español cerró ayer un principio de acuerdo con los sindicatos y la patronal para el primer paquete de su prometida reforma del sistema de pensiones, con medidas como el nuevo mecanismo de revalorización según el IPC, el aumento de la penalización a la jubilación anticipada o el nuevo factor de equidad. El pacto llega tras meses de negociaciones y su entrada en vigor está prevista para 2022, una vez que el anteproyecto de ley pase todos los trámites correspondientes.

El acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. En caso de que esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. Además, la reforma suprimirá dos de los aspectos más polémicos de reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que se sustituye por un "mecanismo de equidad intergeneracional", aún por determinar, que entraría en vigor en 2027. Quitar este mecanismo, incluido en la reforma de Mariano Rajoy en 2013 y que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, era una de las principales peticiones de los sindicatos.

Tras conocerse el acuerdo, CCOO y UGT destacaron ayer en un comunicado conjunto que, al suprimir la reforma de 2013, "se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados".

Asimismo, se felicitaron por el hecho de que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado como "garante" público del sistema de pensiones, al incluirse en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará anualmente una transferencia a través de los Presupuesto Generales del Estado por un 2% del PIB, alrededor de 21.000 millones de euros. El acuerdo tiene que ser ratificado ahora por los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá hoy, ya que los negociadores sindicales tenían el mandato para poder aprobarlo en mesa.

El acuerdo también incluye medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. En este sentido, contempla cambios en los reductores de la jubilación anticipada voluntaria, que se aplicarán de manera gradual en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024. De esta forma, para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación dos años supondrá una reducción en su pensión de un 21% frente al 16% actual. En este caso, por cada mes que se adelante la jubilación habrá una penalización –el mínimo, un mes, será del 2,81%–.

El texto aprobado ayer modifica también la regulación de la jubilación anticipada involuntaria. Así, las personas que trabajen en empresas cuyos centros de trabajo no se consideren móviles o itinerantes y que sean despedidas por rechazar un traslado que implique cambio de residencia podrán acceder a la jubilación anticipada si cumplen los requisitos establecidos para acogerse a esta modalidad de jubilación. También podrán acceder aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerle su empresa una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

En estos casos, se aplicarán una serie de coeficientes reductores por cada mes o fracción de mes en la que se adelante la edad legal que oscilarán desde el 0,50% de reducción por un mes de adelanto si se tienen cotizados 44 años y seis meses o más hasta el 30% de reducción que se aplicará por adelantar la jubilación cuatro años (48 meses) si el periodo de cotización es inferior a 38 años y seis meses.

En detalle

Penalización. Se cambian los coeficientes reductores que, además, pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual. Estos porcentajes, que restan sobre la cuantía de pensión a los que decidan jubilarse hasta dos antes de alcanzar la edad legal, van a desde un máximo de 21% en el supuesto de querer retirarse del mercado dos años antes teniendo menos de 38 años y 6 meses cotizados a un mínimo del 2,81% para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio.

Incentivos. La reforma ofrece tres tipos de incentivos para el retraso de la jubilación, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único que oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060, 12 euros o una mezcla de ambos.

Tramitación

Plazos. El anteproyecto de ley podría ir la próxima semana al primer Consejo de Ministros de julio –el martes 6–, con la idea de que en septiembre se esté tramitando en el Congreso y el 1 de enero de 2022 entre en vigor.

"El acuerdo es una tranquilidad para los pensionistas, a los que se envían mensajes muy positivos"

Carlos Bravo

CCOO

"El acuerdo es bueno porque es la antítesis de la reforma de 2013 y porque es inteligente"

Mari carmen Barrera

UGT

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