- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) avanzó ayer que se reunirá este miércoles con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para instarle a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la subida del Impuesto de Patrimonio aprobada en los Presupuestos de 2021, ya que el “distorsionante y confiscatorio” alza del tipo al 3,5% “penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico”.

En concreto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, se reunirán hoy con el Defensor del Pueblo para instarle a que interponga un recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo. En dicha reunión, se hará entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de todas las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de la CEOE y avalado por la junta directiva de la Confederación.

“Desde CEOE se viene reclamando un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias”, indicó ayer la patronal en un comunicado. Esto es, añade, para lograr que el sistema impositivo sea “una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos”. Sin embargo, la CEOE critica que “lejos de este enfoque”, en el actual entorno de tipos de interés cero o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del covid-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio, que “no existe en ningún otro país de la UE”, del 3,5% es “distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional”.